Por el grupo “Herramientas para la libertad”

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) que se encuentran privados de la libertad en la Unidad Penal 15 del Complejo Benitenciario Batán, continúan con la incertidumbre sobre la continuidad de sus estudios, a más de dos meses de iniciado el ciclo lectivo 2022, dado que la unidad académica aún no brindó una respuesta.

Quienes estudian en contexto de encierro se encuentran con varios obstáculos que complejizan el poder estudiar: no poseer DNI, no poder circular sin la intermediación del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta los espacios en los cuales se hallan las herramientas de estudio (cuadernos, lapiceras, algunas computadoras, libros), la inadecuada infraestructura, la superposición de cursadas ante la escasez de recursos (por ejemplo computadoras), las sanciones colectivas en los pabellones que impiden salir de los mismos, la falta de becas, las condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes, entre otros.

Durante 2020 y 2021, pese a la pandemia y gracias al desarrollo de virtualidad, aumentó exponencialmente la matrícula de estudiantes de distintas carreras universitarias, entre las que se destacan Psicología, Derecho, Enfermería y Comunicación Digital, siendo aproximadamente sesenta los estudiantes activos. Esto significa un gran triunfo que refleja la organización de los estudiantes privados de la libertad para luchar por sus derechos.

Sin embargo, las instituciones que deben garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior no han implementado las políticas pertinentes para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a ese derecho.  Hasta hace dos años, se sostenían pocos estudiantes, quienes a puro pulmón sortearon los obstáculos que impone el encierro para quienes quieren seguir estudiando.

Romina Conti, exsecretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, quien trabajó activamente para garantizar ese derecho y se vinculó con los estudiantes para asegurar su trayectoria educativa, expresó en el marco de una reunión llevada a cabo por integrantes del taller Herramientas para la Libertad y estudiantes universitarios del CPU,  que a raíz de ese proceso con los estudiantes, se presentó en la Facultad un proyecto de convenio para que se garantice la continuidad de la educación superior en el ámbito carcelario. Sin embargo, a más de dos meses de iniciado el ciclo lectivo 2022, el convenio no fue aprobado.