N.P. hace más de un año que padece una situación de hostigamiento, amenazas y agresión gestada en la violencia de su ex novio, un contador que pese a distintas resoluciones de la Justicia en su contra insiste en su acoso. Es la historia de N.P. que, probablemente, sea la copia de muchas otras historias acalladas por el temor a las represalias y a la vergüenza social.
Días atrás el juez de Garantías, Gabriel Bombini, resolvió dejar sin efecto la suspensión de juicio a prueba dictada en diciembre pasado tras un acuerdo entre N.P. y el acosador (27). Esa vez, la mujer, cuyos datos filiatorios se ocultan deliberadamente para evitar cualquier consecuencia sobre sus tres pequeñas hijas y su propia revictimización, fue blanco de un nuevo ataque. El hombre la amenazó y le rayó el automóvil, y ante la intervención de la policía fue demorado.
La causa por amenazas y daño inició su camino penal que concluyó en la solución alternativa que ofrece la Justicia: un acuerdo de reparación. El acosador se comprometió a pagar el daño y la víctima aceptó suspender el proceso, con el aval del juzgado de garantías. Eso sí, uno de los requisitos naturales fue que cesara el conflicto y que desapareciera cualquier tipo de hostigamiento.
Esto ocurrió con conformidad de N.P. quien, según señaló al portal lacapitalmdp su abogada, Soledad Paternoster, actuó bajo el temor de represalias clásico de una víctima de violencia de género. “Llegó a pensar que si no seguía con el tema, se tranquilizaba”, señaló. En cambio, por otro canal judicial, sí se mantuvo una orden de restricción dispuesta por el Juzgado de Familia Nº5.
Pero la situación no se tranquilizó. y llegó el denunciado incluso a ingresar en el edificio de la víctima sin autorización y a cursar las mismas materias a las que N.P asiste en la Facultad de Derecho. Más tarde también la denunciaría penalmente por violar la orden de restricción. Él, según informó la Fiscalía de Composición Temprana de Conflictos, aduce llamados por parte de ella.
En esa línea hubo un episodio ocurrido el pasado junio que no sólo terminó por convencer a N.P de hacer público su caso, sino obligó a la intervención del Juzgado de Garantías.
“El 18 de junio, el denunciado se presentó en la puerta del trabajo de N.P, y ante su negativa a dejarlo pasar, le roció en la cara gas pimienta”, señaló la abogada y agregó: “Cuando llegó la policía él ya no estaba”.
Tras constatase las lesiones, y las reiteradas denuncias de la víctima por violaciones a la restricción, el juez de garantías, Gabriel Bombini, convocó a una audiencia y le otorgó a la víctima, de manera excepcional, custodia policial.
Finalmente, Bombini le informó a las partes que dejaba sin efecto la suspensión de juicio a prueba, por lo que el proceso penal seguirá su curso hasta determinar si el hombre es autor de aquellos delitos de Amenazas y Daño ya admitidos. La defensa, en tanto, ya apeló a la revocación.
Por otra parte, se inició una nueva investigación por el ataque con gas pimienta, a cargo del fiscal Paulo Cubas, quien explicó a este medio que la demora entre la denuncia y el inicio de su intervención -20 días- se debió a un “problema organizativo interno” de la Comisaría de la Mujer.
Lo más trascendente de ese episodio violento fue la aparición de un video. La abogada Paternoster pudo hacerse de una prueba que podría destrabar cualquier demora: las imágenes del momento en el que N.P es agredida. La secuencia fue captada por las cámaras de un local cercano.
En la grabación puede verse cómo, a unos cincuenta metros de donde está ubicada la cámara, dos personas forcejean, obligando a una de ellas a ingresar de vuelta al local. La otra, que más adelante del video puede comprobarse que se trata de un hombre, se aleja para luego volver unos segundos y, al menos parece, decir algo. Segundos después, el hombre se aleja y camina en dirección a la cámara que dejó todo registrado.
Por este suceso, el Juzgado de Familia N°5, a cargo de la jueza Clara Obligado, determinó una orden de alejamiento.
Sin embargo, ante el continuo hostigamiento que N.P y sus tres hijas viven desde entonces, y tras dos episodios vividos él últimos junio que fueron particularmente violentos, la abogada de la víctima, Soledad Paternoster, pide a la Justicia Penal que actúe con celeridad.
“El primer episodio ocurrió cuando él se apareció en su casa e intentó ahorcarla. Ella pudo escapar y llamar a la policía, que acudió inmediatamente al lugar y logró intervenir para que se cumpla la orden de restricción. Y el último fue el 18 de junio, cuando se presentó en la puerta del trabajo de ella, y ante su negativa a dejarlo pasar, le roció en la cara gas pimienta”, señaló la letrada. En esta última oportunidad, al llegar el patrullero, el hombre ya no estaba.
En este sentido Paternoster pidió a la Justicia Penal, específicamente al Juzgado de Garantías N°5 a cargo del Juez Bombini y los Fiscales Trill y Cuba, de actuar con “celeridad”. “La Justicia Penal, lamentablemente, por cada hecho tiene una causa distinta. Y si a los hechos se los tiene por separado, no se percibe la dimensión de todo esto. Por ejemplo, la de los ojos por el ataque con gas pimienta terminó siendo caratulada como una lesión leve”, señaló.
A propósito, el propio juez Bombini tras la revocatoria de la suspensión de juicio a prueba envió una notificación a la Fiscalía General para que considere la recomendación de la Procuraduría General que indica que en casos de violencia de género, en tanto sea posible, se unifiquen todas las causas sobrevenidas en una misma fiscalía.
Video: Cámara de seguridad-lacapitalmdp producción periodística
