En la mañana de este jueves, funcionarias de diversas jurisdicciones se reunieron en una jornada de trabajo convocada por la concejal de Unión por la Patria, Sol de la Torre. “Hace ya bastante tiempo veníamos discutiendo en el Concejo la necesidad de hacer esta jornada de trabajo que tiene como eje central la corresponsabilidad parental y el incumplimiento de la cuota alimentaria” anticipó la edil a MdpYa. 

El encuentro reunió en debate a funcionarias del Ministerio de Mujeres de Nación, del Ministerio de Mujeres de la Provincia, de la Subsecretaría de Derechos Humanos Municipal y de la Dirección municipal de Políticas de Género, así como de los Juzgados de Familia con sede en la ciudad y a referentas locales del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) y del Observatorio de Violencia de Género.

El objetivo de la jornada fue “construir un diagnóstico común, colaborativo sobre la situación en Mar del Plata y cuáles son las necesidades o los planes de acciones que tendríamos que desarrollar para trabajar en dos niveles. La concientización a la hora de la responsabilidad compartida en la crianza de las infancias. Tener un hijo es un acto de amor, pero también implica un montón de obligaciones. Y también las herramientas para la mediación y la resolución de conflictos que puedan evitar procesos muy largos y desgastantes que profundicen muchas veces situaciones de violencia” comentó de la Torre.

En cuanto a la corresponsabilidad parental y a las obligaciones alimentaria, la concejal analizó: “Es una problemática estructural en la Argentina, particularmente en la provincia de Buenos Aires y en nuestra ciudad, que responde a una construcción social donde la mayoría de las veces el ser padres no viene acompañado de una responsabilidad equitativa con el ser madres. Por supuesto que esto puede suceder al revés, pero las estadísticas hablan de que el 90 y pico por ciento de los hogares monoparentales de mujeres son quienes se dedican a la crianza y que además no perciben mayoritariamente aportes por parte del progenitor para la crianza y el cuidado de los niños. No solo económicos, sino también en la responsabilidad compartida de la crianza”.

En nuestro territorio existe hace más de una década el Registro de Deudores, “que establece algunas restricciones para aquellos varones o mujeres, si existieran, que incumplen con el pago de la cuota alimentaria, como, por ejemplo, no poder sacar el registro de conducir”. Se trata de una herramienta también a nivel provincial, que nació de la mano de la ley 13.074, en donde se estipular que la persona que no cumpla con sus obligaciones parental verá restringidas diversas salidas económicas, sociales y laborales hasta regularizar su situación. Más allá de estos instrumentos, el incumplimiento es vasto. 

La distribución desigual de los cuidados

“Los datos estadísticos hablan de una distribución desigual del trabajo de cuidado, que mayoritariamente recae sobre las mujeres, y que además cuando esas parejas se disuelven después de haber tenido estos hijos, estas hijas, lo que sucede es que mayoritariamente quienes se hacen cargo de continuar con la crianza son las mujeres” dijo la concejal Sol de la Torre sobre la relevancia de esta jornada de trabajo.

El desequilibrio en la repartición, consciente o cultural, de los cuidados en cuanto a tiempo de calidad y a cuestiones económicas termina en una gran porción de los casos en detrimento de la vida de las mujeres: trabajar de lo que haya y lo más que se pueda para conseguir dinero para solventar la crianza y la propia vida. En consecuencia, no disponer de tiempo para actividades lúdicas y recreativas con las infancias de la casa, mucho menos para el descanso y el ocio de la propia mujer. A este escenario se le suma en muchos casos la disposición del tiempo y el dinero para encarar procesos judiciales para que la otra parte progenitora cumpla con sus obligaciones. Es agotador.

Pero hay más: “Otro problema que tenemos, que es muy importante, es que muchas veces un abogado instruye a un padre para que, por ejemplo, trabaje en negro o se desligue de sus bienes patrimoniales, los ponga a nombre de otra persona, para no hacerse cargo de la responsabilidad que implica y entonces poder utilizar este argumento de la precarización laboral como forma de no poder demostrar ingresos y así no hacerse cargo de la responsabilidad que implica la crianza de los hijos” explicó de la Torre en relación a una diferente arista que presenta esta problemática, esta vez, apañada e impulsada por propios profesionales de la ley.