Rechazaron la cautelar para que recuperadores vuelvan a trabajar

El titular del Juzgado Federal Nº4 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, desestimó este jueves el pedido que había hecho el fiscal federal general Daniel Adler para que se le permita trabajar a los recicladores informales del predio de disposición final de residuos de Mar del Plata. Según las fuentes consultadas, Inchausti entendió que el pedido no corresponde con su “competencia”, pero instó a Adler insistir con el mismo pedido dentro del ámbito de la justicia provincial.

De haber accedido a la solicitud, los recuperadores habrían levantado el bloqueo en el acceso al basural y se habría reestablecido el servicio de recolección en Mar del Plata, paralizado desde el martes ante la falta de acuerdo con el Gobierno Municipal del intendente Guillermo Montenegro.

Adler había fundamentado el pedido con el objetivo de evitarle un daño mayor a la sociedad”. Se torna razonable y busca tanto evitar situaciones de castigo como permitir tareas de subsistencia de sus personas. La vida e integridad física de las personas se encuentra en riesgo. La vida porque se ven privadas de subsistir, la integridad física porque en caso de infringir las normas y resistirse a ellas pueden ser objeto de detención por parte de la policía”, agregó el fiscal.

En el documento presentado a la justicia, se detalló: “Permitir el ingreso al predio de disposición final de residuos del Partido de General Pueyrredón ubicado en calle 461 entre Av. Antártida Argentina y Av. Tetamantti de esta ciudad, de las personas que desarrollan tareas como recicladores, de manera provisoria y hasta tanto sean aprobados los protocolos correspondientes por las autoridades respectivas y autorizada la actividad, con el fin de garantizar el debido respeto a la dignidad humana, la subsistencia mínima y evitar mayores daños en la comunidad toda”.

Agregó: “En este sentido, y para evitar un daño mayor a la sociedad toda, la cautelar en favor de los trabajadores que efectúan reciclado, de manera provisoria, para que puedan ingresar al predio del CEAMSE se torna razonable y busca tanto evitar situaciones de castigo como permitir tareas de subsistencia de sus personas. La vida e integridad física de las personas se encuentra en riesgo. La vida porque se ven privadas de subsistir, la integridad física porque en caso de infringir las normas y resistirse a ellas pueden ser objeto de detención por parte de la policía. Se trata, muchas de las personas que allí se encuentran, de trabajadores de lo que la ciudad descarta, personas que durante años vienen sosteniendo una situación de grave afectación a sus derechos y dignidad personal. Resultaría desproporcionado que a esta situación en la que se encuentran se agregue ahora, por una demora burocrática, la imposibilidad de subsistir y de ser arrestados por luchar por su subsistencia”.

En sus últimos párrafos, alegó: “En consecuencia, atento la situación de extrema gravedad que enfrenta la salubridad pública y a los fines de buscar una solución pacífica del conflicto ( CPPN 22), resultaría poco razonable esperar que la actividad fuese, en las circunstancias antes expuestas, aprobada por el Municipio, el Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Presidente de la República. Esperar los trámites de la burocracia, sin desmerecerla, significaría que la basura colme las calles de la ciudad y entonces contribuiríamos a la Pandemia, o que habilite el uso de la fuerza pública sobre trabajadores que subsisten de lo que otros desechan”.