Tras 20 meses de audiencias y una innumerable cantidad de pruebas el Ministerio Público Fiscal de la Nación pidió 31 penas de prisión perpetua en el juicio conocido como Subzona 15 que tiene 40 de los acusados de delitos de lesa de humanidad.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado por el fiscal Juan Pablo Curi y los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, realizó un pormenorizado análisis de la prueba reunida en más de 20 meses de audiencias para encuadrar la responsabilidad penal de los 40 imputados que llegaron al final del juicio denominado Subzona 15, por privaciones ilegales de libertad, tormentos, asesinatos y desapariciones de 272 víctimas. En concreto, se solicitaron 31 penas a prisión perpetua -ocho de los acusados ya acumulan sentencias a la misma pena-, y entre seis y 25 años para el resto de los imputados.
Durante siete audiencias, el MPF desarrolló una breve reseña del circuito represivo en la órbita de la Subzona 15: los centros clandestinos de detención y de las condiciones inhumanas de vida imperantes, con referencia a las sentencias ya dictadas en el circuito. Luego se analizó la materialidad delictiva de cada uno de los casos que conforman la plataforma fáctica de este debate: en primer término se describieron los hechos que forman parte del tramo conocido como Cueva 2 en orden cronológico. Luego se detallaron los restantes hechos que conforman el objeto de la causa, respetando las conexiones entre los distintos casos por militancia común y las fechas de los secuestros.
El MPF reparó en que la sistematicidad delictiva adoptada como una política institucional de las fuerzas armadas a partir del plan sistemático de represión estatal está acreditada no sólo por la «Causa 13» sino que también por las distintas sentencias dictadas en los juicios de lesa humanidad realizados en esta jurisdicción. “Se ha probado que en la ciudad de Mar del Plata existieron centros clandestinos de detención y tortura, operados por las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad que conformaron un circuito represivo de gran envergadura”, sostuvieron.
Los acusados son Virtom Mendiaz (pedido de pena a prisión perpetua), Alfredo Arrillaga (prisión perpetua), Eduardo Blanco (prisión perpetua), Jorge Toccalino (prisión perpetua), Carlos Suarez (prisión perpetua), Fortunato Rezzet (prisión perpetua), Juan Aiello (prisión perpetua), Hugo Pabón (prisión perpetua) y Eduardo Isasmendi Sola (diez años). También son juzgados Gregorio Molina, Alcides Cerutti (prisión perpetua) y Gonzalo Gómez Centurión (doce años).
Además Justo Ortiz (prisión perpetua); César Martí Garro (25 años), Eduardo Frías (prisión perpetua), Mario Blanco Azcarate (prisión perpetua) y Alfonso Nicolás (prisión perpetua); Raúl Pagano (prisión perpetua), Alfredo Weinstabl (prisión perpetua), Luis Bonanni (prisión perpetua); Rafael Guiñazú (prisión perpetua), José Lodigiani (prisión perpetua) y Carlos Robbio (prisión perpetua); Omar Gronda (prisión perpetua); Ernesto Davis (prisión perpetua), Juan Contreras (6 años), Silverio Cortez (6 años), y Juan Carrasco (15 años).
Finalmente Julio Fulgencio Falcke (para quien se pidió la pena de prisión perpetua), Héctor Azcurra (prisión perpetua), Oscar Ayendez (prisión perpetua) y Policarpo Vazquez (prisión perpetua), Raúl Pizarro (para quien se solicitó prisión perpetua), Carlos Mansilla (prisión perpetua), Miguel Parola (prisión perpetua), Juan Mosqueda (25 años de manera unificada con las condenas recibidas en Base Naval 2 y 3); Ariel Silva (a quien se le pidió pena de 23 años también de forma unificada con las recibidas en Base Naval 2 y 3), Néstor Vignolles (a quien se le solicitó pena de prisión perpetua) Osvaldo Siepe (prisión perpetua) y Eduardo Vega (prisión perpetua).
Por último, se detalló que se juzga la conducta del comisario Juan Alberto Rincón, titular de la Comisaría de Miramar, donde permanecieron alojadas víctimas secuestradas en la vecina ciudad que en su mayoría también tuvieron su paso por distintos centros clandestinos operados por la FUERTAR 6 de Mar del Plata.
