La Defensoría del Pueblo de Perú informó que dos personas murieron hoy como consecuencia del bloqueo de rutas en el departamento norteño La Libertad, reveló que estaba negociando “treguas humanitarias” en esa región y rechazó el uso de la violencia en las protestas que sacuden al país desde hace 40 días.
“Tenemos el reporte de una persona fallecida, de 51 años; estaba en un bus interprovincial desde ayer, sufrió una descompensación y en el camino a la posta sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida”, explicó el jefe de la oficina de la Defensoría en La Libertad, José Luis Agüero.
“Además, una adolescente en estado de gestación que tuvo dificultades para el pase, y la Gerencia Regional de Salud informó que falleció el neonato de 28 semanas”, agregó el funcionario a periodistas locales, según la agencia de noticias Sputnik.
En su último balance, publicado anoche, la Defensoría reportó 42 muertos (41 civiles y un policía) por los enfrentamientos ocurridos en el contexto de las protestas iniciadas el 7 de diciembre pasado y otros ocho civiles, por accidentes y otras causas vinculadas con los bloqueos de calles y rutas, además de 720 heridos.
Asimismo, hasta anoche se registraban 96 bloqueos de rutas nacionales en al menos 33 de las 195 provincias en que están divididos los 24 departamentos regionales del país, según el informe.
En tanto, Agüero afirmó que la Defensoría estaba negociando posibles “treguas humanitarias” que permitieran pasar a quienes llevaran más de 24 horas varados en ómnibus, así como a quienes llevaran ayuda humanitaria o trasladaran a enfermos y heridos.
Sin embargo, advirtió que “los organizadores de los bloqueos no parecen tener intención de hacerlo”, por lo que exhortó a la población a no viajar, a fin de evitar más víctimas.
Mientras tanto, la Defensoría señaló que “el derecho a la protesta pacífica no incluye acciones de violencia contra otras personas, agentes policiales o miembros de las Fuerzas Armadas”, en un comunicado divulgado en Lima y en sus cuentas en redes sociales.
“Tampoco el ataque o incendio de instalaciones públicas o privadas, ni de aquellas que sirven para la prestación de servicios públicos esenciales para preservar la vida y la salud de toda la ciudadanía”, agregó.
El organismo subrayó que corresponde a las fuerzas policiales garantizar el desarrollo de movilizaciones pacíficas, respetando estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad en el uso de la fuerza, si ello fuera necesario.
La Defensoría recalcó que la participación de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia se encuentra limitada a dar apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), no a suplir su labor ni participar en patrullajes o detenciones.
Esa advertencia se produjo horas después de que informes forenses evidenciaran que las fuerzas del orden que reprimieron manifestaciones antigubernamentales en diciembre pasado en Ayacucho dispararon a matar, siguiendo el patrón de un entrenamiento militar para la guerra, no para controlar multitudes.
“Es importante recordar que las detenciones solo pueden ser efectuadas por personal policial en caso de flagrante delito; en tal supuesto, estos funcionarios deben identificarse y dar a las personas detenidas un trato adecuado respetando sus derechos al debido proceso, a la integridad, a la defensa, entre otros”, señaló la Defensoría.
Perú vive una ola de protestas callejeras en varias de sus regiones desde el 7 de diciembre pasado, cuando el presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso horas después de que anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Castillo fue detenido inmediatamente -está desde entonces en prisión preventiva- y sucedido por la hasta entonces vicepresidente, Dina Boluarte.
Los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el llamado a elecciones generales anticipadas.
En ese contexto, está prevista para mañana una gran marcha nacional en Lima, a donde desde el comienzo de la semana estaban llegando miles de personas procedentes de diversos puntos del país, para expresar esos reclamos.
Télam
