La eventual suspensión de tratamientos de diálisis que podría afectar a 5.000 personas a partir del lunes, por la falta de pagos a los prestadores en que habría incurrido el programa federal Incluir Salud (ex Profe), motivó la intervención del Defensor del Pueblo adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores.
El conflicto lo denunció la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales (ARD), que reclama el pago de 700 millones de pesos que se les adeudaría desde marzo de este año, situación que condiciona la continuidad de los tratamientos de las personas enfermas, como informó LaCapital a raíz de los pacientes con riesgo de vida que se ven afectadados en Mar del Plata.
En este contexto, Honores se entrevistó con las máximas autoridades del IOMA, que tienen a su cargo la operatividad en la Provincia de Incluir Salud, programa financiado por Nación que da cobertura a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos vulnerables.
Según pudo saberse, se calcula que la deuda que el Estado provincial e Incluir Salud mantienen con los centros de salud supera los 700 millones de pesos. “No les pagan hace nueve meses”, indicaron. A partir de esta situación, los prestadores “se cansaron” y se volvió “insostenible” continuar brindando el tratamiento sin cobrar. Cada sesión de diálisis cuesta alrededor de 7.000 pesos.
La intervención de Honores, que se reunió con el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, y con el titular de la Unidad Ejecutora de Incluir Salud en la Provincia, Nicolás Ginobili, apunta a “destrabar cuando antes el conflicto” para que las instituciones de salud que prestan el servicio de diálisis no lleguen a la interrupción como ya anunciaron.
