“Todos debemos legislar pensando en la equidad, lo que significa que quienes menos tienen, menos paguen. Por eso, más allá de los roles que cada uno tuvo desde la función pública, y por fuera de las diferencias políticas individuales, todos debemos trabajar para que este proyecto que formulamos con la concejal Mercedes Morro, se haga realidad, y así poder ayudar verdaderamente a los vecinos que peor la están pasando”, expresó el presidente de la bancada del Frente Renovador, Ariel Ciano, sobre el proyecto que busca implementar una tarifa social para la Tasa de Servicios Urbanos.

“Si bien éste es un tema del que venimos hablando hace meses, habiendo primero propuesto que con sentido común el gobierno de Arroyo y sus concejales, acepten la propuesta de fijar un tope del 15 y 18% al aumento de la TSU, recién ahora están llegando las primeras boletas con el aumento que aprobó el oficialismo y el reajuste retroactivo a enero. Este golpe al bolsillo no es un hecho aislado si se tiene en cuenta la suba de la luz y el gas o ahora la intención de llevar al boleto de colectivo a un 45% más respecto de diciembre del año pasado”, enumeró Ciano.

“Nuestra oposición ha sido siempre constructiva, trabajando en propuestas e ideas para los vecinos de Mar del Plata y Batán porque es clave respetar a las instituciones y que éstas hagan lo mismo con la gente, algo que el Intendente pareciera no entender, porque hasta sus propios votantes hoy se lo reclaman”, dijo el edil y agregó: “Desde la CGT local se expresaron contra la suba de Tasas a la vez que los vecinos están manifestándose contra la suba del boleto, el sector rural pide ser escuchado para poder continuar trabajando y en la Semana de las Pymes, no se puede pasar por alto que siendo ellas las empresas más generadoras de empleo, terminan pagando el mayor costo ante los tarifazos, la apertura indiscriminada de las importaciones y una baja del consumo que ya se siente en las calles”.

El proyecto del Frente Renovador para que en el pago de la TSU se aplique una tarifa social a quienes no aplican para las exenciones vigentes o que por su situación económica necesitan de la asistencia del propio Estado para afrontar su costo, consiste en una bonificación de un 20% para el contribuyente de menores recursos, “situación por la que atraviesan muchos vecinos, sobre todo los que sufren algún tipo de vulneración económica o social por ser jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia o monotributistas con bajos ingresos, serán los más perjudicados en un contexto donde la inflación sube progresivamente así como la tarifa de los servicios públicos”.