La Mesa de Enlace conformada por la Sociedad Rural, CONINAGRO, Federación Agraria y las confederaciones rurales anunció el lockout (paro patronal) entre el lunes y el jueves próximos. La medida responde a la decisión del gobierno de modificar el impacto de las retenciones: aumentó en 3 puntos el gravamen a los grandes productores de soja, y alivió a los que producen menos de 500 toneladas, con una rebaja de hasta 12.
Se espera que este decreto 320/20 tenga un impacto fiscal de 11.598 millones de dólares de recaudación para la campaña 20/21, contra los 274 que se esperaban con el esquema anterior.
Para el gobierno nacional, las retenciones aparecen como pieza importante para redistribuir los excedentes en la conformación del nuevo pacto solidario. Pero también están ligadas al funcionamiento del modelo de acumulación de carácter neodesarrollista. Es decir que la captación de la renta agraria apunta a impulsar el modelo de reindustrialización y de recomposición de las cuentas públicas, a aumentar la inversión y a la implementación de políticas sociales. La segmentación que anuncio el ministro Luis Basterra fue considerada por sectores de la producción como el modelo más equitativo y favorable para los pequeños productores que jamás se haya dado.
Para comprender el “conflicto con el campo” hay que analizar sus componentes específicamente políticos, y las disputas en la construcción de hegemonía entendida como dirección política, ideológica y cultural de un grupo social sobre otros.
La Argentina presentó una profunda transformación de su producción agropecuaria, en general, y del circuito sojero, en particular. Se dio un proceso de agriculturización porque experimentó un crecimiento a un ritmo muy superior al de la ganadería, lo que la desplazó y la volvió intensiva. Esto produjo un incremento de los saldos exportables, una agudización de la concentración económica, crecientes desequilibrios territoriales y tensiones sociales derivadas de las inequidades.
Esto modificó la representación de las patronales agrarias, al alterar los rasgos de los agentes e incluso su lógica misma: en lugar de representar al agro se promovía el agronegocio. Esta dinámica derivó en que sólo el 6% de los productores de soja concentre el 54% de la producción total. Por eso, se puede considerar que la resolución del cese de actividades en contra de estas medidas redistributivas es un gesto puramente político tomado por la dirigencia rural a espaldas de los intereses de los productores pequeños y de las producciones regionales.
Por otra parte, el sector agropecuario utiliza una estrategia para volcar a su favor a la opinión pública, que puede sintetizarse en dos elementos. El primero es la disputa ideologico-cultural: califican a las retenciones como una confiscación a la producción agropecuaria de neto corte fiscal. Dicen que busca “castigar al campo”, y se presentan como el sector perjudicado, lo cual le permite legitimar su reclamo. El segundo elemento es una operación del lenguaje que prioriza la demanda sojera sobre las otras del sector, lo que permite a las patronales del agronegocio presentarse como “el campo”. Así generan un efecto homogeneizador que rompe las diferencias estructurales del sector y sus agentes. Se realiza una lógica discursiva que reedita la antinomia federalismo versus centrismo, en la que las patronales se adjudican “los pueblos del interior” y enfrentan el ataque del gobierno central.
Es decir que, ese poder concentrado que genera en el imaginario popular la noción de un campo homogéneo y vulnerable, busca reeditar la disputa con el gobierno ya experimentada en 2008. Esta vez hay condiciones muy distintas a las del momento de la 125. Frente a un accionar de manual, el gobierno y el pueblo ya vieron la historia completa.
Camilo Rodríguez Derosa-para MDPya
