El Procurador General de la provincia de Buenos Aires dispuso el cierre y archivo del trámite disciplinario contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
Las actuaciones habían sido impulsadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por considerar que su participación en delitos de lesa humanidad, trabajando como agente de la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) durante la dictadura, constituye una falta disciplinaria de gravedad institucional para un estado de derecho.
Por esos hechos fue imputado por la justicia federal, sin embargo para las autoridades del Ministerio Público Fiscal estos no constituyen conductas reprochables o que ameriten sanciones.
Esta decisión cierra el trámite administrativo para investigar la actuación de un funcionario judicial de la democracia como parte de la maquinaria del terrorismo de Estado como “espía” de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
Mientras tanto, Fernández Garello sigue como acusado en una causa penal que tramita en el Juzgado Federal N 2 de San Martín. Esta denuncia también fue presentada por la CPM, en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la DIPPBA, que el organismo gestiona desde el 2001. Por la importancia y el valor de esta prueba, hace poco la jueza Federal Alicia Vence llamó al actual fiscal a prestar declaración indagatoria y recientemente dispuso la ampliación de la misma.
Los documentos de la DIPPBA involucran al actual Fiscal General de Mar del Plata en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de otros tres militantes del Partido Comunista el 23 de Julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores. También en acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos.
“A pesar de conocer todo este material probatorio, el Procurador Julio Conte Grand decidió desestimar la investigación del fiscal y fundó su decisión en meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen, como ya se dijo, la gravedad institucional de este hecho sino que van contra las mismas obligaciones que tiene la Procuración”, indicaron desde la Comisión.
