«Vecinxs sin Tarifazos» organizó esta charla, llamaron a no bajar los brazos, nuclearse y organizarse para tratar de revertir los tarifazos.
Se observa que en este momento al no poder pagar, la gente «se engancha» o» arregla» el medidor.
Otros naturalizan la situación, se quedan sin servicio, utilizan leña y hacer fuego como alternativa para cocinar y calefaccionarse.
Está en claro que los Servicios son esenciales, constituyen DERECHOS que no debemos perder.
El martes próximo se realizará la Audiencia Pública por el servicio de GAS.
Las empresas estarían solicitando un incremento de tarifas del 150%. Lo justifican con 3 razones: el aumento del precio del barril de petróleo en 10/15 dólares; el desfasaje en la facturación, que estaba con un dólar a $20; la inflación, que también pesa en la ecuación tarifaria.
También influye que las distribuidoras de gas le deben a las petroleras 350 millones de dólares, y sería su intención cargar esa deuda en las tarifas.
Continúa vigente la medida cautelar dictada por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla para la provincia de Buenos Aires.
Por dicha medida la empresa debería probar que la persona PUEDE pagar la factura, para proceder a cortar el servicio.
Las tarifas se actualizan 2 veces por año, por acuerdo de este Gobierno, desde 2016, con las empresas prestadoras. El gas, en abril y octubre, la electricidad, en agosto y diciembre.
La alternativa a este nuevo aumento del 150% sería que el Estado vuelva a subsidie a las empresas para que puedan pagar, tal vez en 24 meses, la diferencia del dólar facturado a $20 con el actual precio. La TARIFA SOCIAL: desde julio de este año hay «cupos de gas», de 162m3.
Pasado ese consumo, se cobra al 25% de la tarifa social. Superada una medición, rige la TARIFA PLANA.
FINANCIACIÓN: las empresas están ofreciendo financiar las facturas a quienes no pueden pagarlas. Solo se financia el 25% de la factura, en 2 cuotas: la primera de inmediato, la segunda en 20 días. Se aplica un 1,5% de interés.
ELECTRODEPENDIENTES: son las personas que por un tratamiento domiciliario necesitan un aparato eléctrico. Se requiere un certificado médico, que se presenta en el Ministerio de Salud, y luego se deriva al ENRE para que se le bonifique el consumo.
El trámite es bastante complejo y suele tardar unos meses. Cuando lo aprueban, no es retroactivo. La empresa debería además proveer un generador, por si un corte de luz compromete la salud o la vida de la persona.
En este momento está «borrada» la concepción de SERVICIO PÚBLICO del gas, la electricidad, el agua y el servicio telefónico. Los sistemas son explotados por empresas privadas que mediante concesiones proceden a obtener la máxima ganancia posible aún con perjuicio de los consumidores, y luego esas ganancias son giradas al exterior. Los sistemas energéticos deberían pasar a la órbita estatal, dado que son elementos estratégicos para el desarrollo de la economía.
Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos comentó «Que se hicieron muchas presentaciones COLECTIVAS respecto de los desmesurados incrementos de las tarifas, pero por cuestiones del manejo de los juzgados y las jurisdicciones donde se tramitan, no están avanzando».
También sostuvo que «Actualmente se intentan las presentaciones individuales, para que sean más ágiles».
La Multisectorial «21 F», conformada por 30 organizaciones y presencia en todo el país, se ocupa de articular acciones de resistencia y construir alternativas.
Proponen llevar la discusión a los barrios, por ser los territorios donde la problemática es más grave.
Andres Repar, ex vice presidente del ENARGAS opinó «Que la justicia no está actuando adecuadamente, dado que es anómalo que Aranguren haya autorizado que el precio mayorista esté en dólares, vinculado a la importación del gas».
Sostuvo que «El Tarifazo, resulta nefasto para la población, los comercios y las industrias, atenta contra las fuentes de trabajo, que acuden a cualquier recurso intentando mantenerlas. GAS ENVASADO: Los precios de las garrafas deberían estar acontrolados. El gas es un RECURSO NATURAL, proviene de nuestro suelo, es un bien de toda la población. La energía es fundamental para el crecimeinto del país».
Pablo Sercovich dijo que «Sin independencia económica no hay soberanía política ni justicia social. Los servicios básicos son DDHH, por lo cual los PRECIOS deberían ser JUSTOS y RAZONABLES. La propiedad de los recursos debe ser nacional. Es fundamental proteger a la ciudadanía de la voracidad de los grupos económicos que hoy están sentados en el Ministerio de Energía, aprobando que las empresas obtengan utilidades extraordinarias que luego FUGAN del país».
La argumentación del presidente Macri cuando vetó la ley votada por ambas cámaras para frenar el «tarifazo» fue: «No podemos poner en peligro la seguridad jurídica de las empresas».
De tal forma las prácticas abusivas y depredadoras de las empresas fueron legitimadas. Aranguren afirmó que los servicios públicos «no son derechos».
Frente a todo este panorama, se propone: *Intentar que la justicia decrete la prohibición de los cortes de servicios *continuar recogiendo firmas que apoyen la cautelar para mostrar la extensión del problema *mostrar presión en las sucursales de las empresas *el martes realizar una Radio Abierta en la puerta de la Audiencia Pública *Analizar la problemática de la «desobediencia civil» para evitar los cortes El problema es ENORME y requiere organización y participación de todxs» señalaron desde el colectivo.
