Suman nuevas pruebas de aportes truchos a la campaña de Macri 2015

En la última semana, la causa judicial por los aportes de campaña de la elección presidencial de Mauricio Macri pasó por tres jueces y aún no está confirmado cuál de los magistrados con sede en los agitados tribunales federales quedará al mando de un caso que ya presenta indicios claros de que el Presidente llegó al poder con un informe de recaudación de campaña con varios puntos flacos.

Un relevamiento de la ONG La Alameda y el dirigente Gustavo Verarevela que varias de las empresas cuyos empleados y ejecutivos figuran aportando a la campaña de Cambiemos en 2015 ganaron contratos millonarios con el Estado porteño y nacional. La Justicia deberá investigar si esos aportes son falsos. Además, detectaron que el oficialismo presentó en esa campaña aportes de 1.147 empleados del gobierno porteño.

La información ahora aportada por la ONG pone el ojo en dos de esas líneas: presuntas dádivas en forma de contratos y licitaciones a empresas proveedoras del Estado porteño que habrían canalizado fondos a la campaña a través de sus ejecutivos y empleados; y la presunta utilización de empleados públicos para blanquear aportes de origen desconocido. Tras la decisión de Irurzun, el expediente recayó el martes en el juzgado de Luis Rodríguez.

Mientras el magistrado afronta un escándalo, señalado por un supuesto pedido de coimas, se desprendió el viernes de la causa y se la envió al juez Ariel Lijo, quien deberá confirmar si asume el caso.

La Alameda identificó a decenas de empleados de empresas contratistas que contribuyeron supuestamente con $ 5.247.215 a la campaña de Macri. Entre 2015 y 2018, esas empresas ganaron contratos con la Ciudad y Nación por $2.587.446.537. Entre esas empresas, hay al menos cuatro compañías de servicios de seguridad y cinco de la construcción.

Brenda Osso, una ex empleada de la empresa de seguridad Murata SA, logró desentrañar cómo su nombre y el de otros 11 compañeros de su antiguo trabajo terminaron figurando en la lista de aportantes de esta campaña. A Brenda la utilizaron tres veces: aparecía aportando $ 95 mil en el primer informe de gastos de las PASO en 2015; otros $ 30 mil a la campaña presidencial de octubre; y $ 16.500 más para la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017, como reveló PERFIL el año pasado.

Osso contó a este medio que el dueño de Murata, Roberto Raglewski, admitió que él había dado la lista de los empleados para la campaña. En 2015, antes de la victoria de Macri, Murata ganó licitaciones en el gobierno porteño por $ 1.271.154.650 para custodiar bienes. En 2018, obtuvo dos contratos por $ 55.814.398 en el Estado nacional. PERFIL se comunicó con Murata pero no obtuve respuesta.

Briefing Security presentaría el mismo patrón. Cuatro ejecutivos de esta empresa aparecen aportando $ 320 mil a la campaña de las PASO 2015; otros $ 180 mil en la generales de octubre de ese año. Entre 2015 y 2016, la compañía de seguridad ganó licitaciones por $ 1.104.794.381 con el gobierno de la Ciudad.

Otra empresa de seguridad que repite el patrón es Sistemas Complejos de Seguridad. En 2016 ganaron licitaciones por $ 11.601.727. Tres empleados de la firma aparecen aportando dinero a la campaña presidencial.

El mismo patrón se repite con empresas de la construcción. Miavasa SA tiene cuatro empleados o ejecutivos que figuran aportando dinero a la campaña 2015. La compañía ganó una licitación por $ 55.104.908 en 2017 con la Ciudad. La empresa sostuvo que su política es no aportar fondos a campañas electorales, como marca la ley, y que sus ejecutivos deben haber aportado a título personal.

La empresa Econovo (antes Oscar Scorza) no respondió sobre si los ocho empleados que figuran aportando a la campaña de Macri realmente lo hicieron. La empresa ganó una licitación con la Ciudad por más de $ 32 millones en 2015. La dinámica se repite con otra compañías como Eva SA, Evassa SA y Lurovial SRL, en cuyas sedes no fue posible conseguir una respuesta. En el gobierno porteño contestaron a PERFIL que “en las licitaciones no se incluye ni se excluye a las empresas por las preferencias políticas de sus empleados”.

El relevamiento también arroja que existen 1.147 empleados del gobierno porteño aportando a la campaña 2015. Una de ellos es Sol Irurzún, sobrina de Martín Irurzún, el juez que el lunes pasado decidió apartar a Casanello de la investigación. La mujer (44) es abogada y figura como empleada del gobierno porteño desde abril de 2013. Aparece tres veces en los aportes a la campaña 2015 con un total de $ 31.500.

Muy cerca del juez Irurzun aseguraron que el magistrado no conocía que su sobrina figuraba como aportante y que el juez sólo se pronunció sobre cuestiones formales, sin analizar la prueba de la causa.

En el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prefirieron no pronunciarse sobre el caso. Contestaron que la administración porteña “contaba con más de 100 mil empleados, con las preferencias políticas más diversas. Cada uno es libre de canalizarla como mejor le parezca”. Lo que en realidad debe ser investigado es si esos empleados de la Ciudad aportaron dinero o si sus nombres fueron utilizados -con su consentimiento o no- para blanquear dinero de origen desconocido. Tal como sucede con el caso de la empresa Murata.

Por Emilia Delfino, especial para Perfil