El Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata presidido por el Dr. Fabián Gerardo Portillo inaugurará el anexo de la institución que por resolución de las autoridades se denominará “Dr. Juan Carlos Paris”,  en homenaje a quien fuera su titular entre 1986 y 1994.

El acto se llevará a cabo este viernes 24 de septiembre a las 12  en el acceso de la sede social de Alte. Brown 1958 y contará con la presencia de familiares del Dr. París; autoridades actuales y antecesoras  del Colegio de Abogados local: del Colegio de Abogados Provincial; de la Caja de Previsión Social; de la Facultad de Derecho de la UNMDP; municipales e especialmente invitados a participar del evento los/as colegas que acompañaran a Juan Carlos en sus dos mandatos como Presidente del CAMDP.

En la oportunidad se dará a conocer a los/as colegiados/as las nuevas instalaciones donde se pondrán en funcionamiento salas de atención profesional para uso de los matriculados/as y donde próximamente se asentarán otras dependencias que actualmente se desarrollan en el edificio principal.

De vasta trayectoria en el fuero local y defensor de los Derechos Humanos, el Dr. Juan Carlos París, fue titular de esta institución en dos períodos consecutivos (1986 a 1994) y su  última aparición pública fue precisamente en el acto en conmemoración del Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, el 6 de julio del año pasado.

Nació el 1º de enero de 1950, fue además delegado por los abogados del interior al Consejo de la Magistratura; fue el primer jefe civil de la departamental Mar del Plata de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, fue juez ad hoc en el Tribunal Oral Federal local que juzgó a Gregorio Molina, la primera causa de lesa humanidad que se realizó en esta ciudad y donde justamente Molina fue uno de los represores de la denominada “Noche de las Corbatas”. Su voto en ese fallo es absolutamente destacable ya que fue el primero que se refirió en ese fallo que la violación de mujeres en el marco de los secuestros de la Policía era un delito de lesa humanidad