Las y los líderes de la UE se reúnen en Bruselas para celebrar una cumbre de dos días en la que uno de los puntos principales es la crisis energética. Los 27 Jefes de Gobierno y de Estado debatirán un nuevo paquete de medidas de emergencia presentado esta semana por la Comisión Europea, el segundo de este tipo en dos meses.
Por primera vez, el paquete incluye la disposición de un tope en toda la UE para controlar los altos precios del gas, pero la medida, que aún está en fase de desarrollo, sólo se activaría en casos de extrema volatilidad y especulación en el mercado.
El tope de precios sería dinámico y actuaría como un techo máximo para las transacciones en el Fondo Holandés de Transferencia de Títulos (TTF), el principal centro europeo de comercio de gas, y otros centros similares.
“Ha llegado el momento”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar la propuesta hace unos días. “Es importante avanzar con una señal clara de que estamos dispuestos a ser socios fiables en el mercado, pero ya no a cualquier precio”.
La medida, aunque innovadora, se queda corta respecto a la limitación de precios más amplia exigida el mes pasado por un grupo de 15 Estados miembros, entre ellos Francia, Italia y España. Su propuesta limitaría artificialmente el precio de todas las importaciones de gas que entren en el bloque y de todas las transacciones de gas que se realicen.
Pero no todos los países están de acuerdo. Uno de ellos es Países Bajos, que considera que ya se ha hecho suficiente y la situación en los mercados se está revirtiendo. “Creo que ya hemos acordado muchas soluciones prácticas y vemos que los precios del gas son mucho más bajos que hace un par de meses. En estos momentos, incluso el GNL es más caro en Asia, según leímos anoche en el Financial Times, que en Europa, y vemos que cada vez hay más diferencia entre los precios del GNL entre Asia y Europa”, ha asegurado su primer ministro, Mark Rutte.
Sin embargo, Von der Leyen ha dejado la puerta abierta a un límite más específico que se aplicaría únicamente al gas utilizado para la generación de electricidad. España y Portugal ya han introducido un modelo de este tipo, que se basa en un programa de subvenciones masivas que cubre la diferencia entre el precio del gas al por mayor y el tope establecido por el Estado.
