En tiempos de campaña política, el ámbito judicial también juega sus fichas.
En la semana que pasó dos decisiones contrapuestas conmocionaron a la Córdoba que acompañó y apoya los juicios por delitos de lesa humanidad.
La más shockeante, fue la concesión del beneficio de prisión domiciliaria para Ernesto “el Nabo” Barreiro, uno de los represores emblemáticos del terrorismo de Estado durante la última dictadura en esta provincia. La otra fue que Gustavo Adolfo Alsina, conocido como “el estaqueador”, deberá volver tras las rejas del penal de Marcos Paz, ya que la Corte Suprema de Justicia le revocó su domiciliaria.
El mayor sacudón para las Abuelas de Plaza de Mayo, los ex presos políticos y familiares de las víctimas de Luciano Benjamín Menéndez y sus hordas ocurrió el jueves, cuando la Cámara Federal de Apelaciones local (Sala A) le permitió al Nabo Barreiro pasar de la celda de Campo de Mayo a su departamento de la Avenida Las Heras 1975, 1° “B”, en Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con los votos a favor de Graciela Montesi, Ignacio María Vélez Funes y Eduardo Avalos, Ernesto Enrique Barreiro, que fue jefe de “interrogadores” del campo de concentración de La Perla -por donde pasaron y desaparecieron más de 2.500 personas- podrá vivir en su departamento. Su “guardadora y responsable” será su esposa, Ana María Maggi, a quien se ha visto en movilizaciones codo a codo con Cecilia Pando.
Entre los argumentos de los camaristas, además de los 71 años del represor (el 2 de octubre cumplirá 72), se detallaron informes médicos que se le realizaron en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal y en clínicas de extramuros: padece de hipertensión, “y existe elevado riesgo de muerte súbita del interno”. También, y según un informe de la psicóloga Karina Monson (fechado el 5 de septiembre de 2018), “se lo observa ansioso, inquieto, verborrágico y sumamente irritable” (…) Ernesto (sic) se encuentra muy triste y deprimido, con un estado anímico bajo, muy pesimista, se siente abatido y sin ganas”.
A ese informe se le sumó el del psiquiatra Domingo Mamone, forense del cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia, quien concluyó que “las facultades mentales de Ernesto Barreiro en el momento del examen encuadran dentro de los parámetros considerados como normales”. Aunque “presenta signos de trastorno distímico (afectivo)”.
Barreiro cumple sentencia en Campo de Mayo luego de la condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a la cual lo sentenció el Tribunal Oral Federal 1, presidido por Jaime Díaz Gavier, el 25 de agosto de 2016, cuando finalizó el proceso más largo de la historia judicial cordobesa. La megacausa La Perla-Campo de La Ribera duró tres años, nueve meses y 28 días. Durante las 554 audiencias, Barreiro compartió el pabellón MD2 del penal de Bouwer con una treintena de cómplices.
Previo a ese primer juicio (el segundo fue el caso Montiveros), Barreiro fue extraditado desde los Estados Unidos, donde vivió dos décadas amparado por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, de los gobiernos de Ricardo Alfonsín y Carlos Menem.
Ahora, un día antes de la feria judicial de invierno, su defensora de oficio, Mercedes Crespi, logró que el represor cumpla prisión en su casa, aunque con un dispositivo electrónico para evitar posibles fugas. En el documento que se conoció, llamó la atención el voto del camarista Vélez Funes. Si bien declaró compartir los argumentos de su colega Graciela Montesi, aclaró que no es la primera vez que vota por una prisión domiciliaria y detalló que la decisión “en este caso concreto, a pesar de los graves ilícitos atribuidos a Ernesto Guillermo Barreiro durante la dictadura militar y en su condición de Oficial del Ejército Argentino, que hasta la fecha se sigue investigando por la presunta condición de presuntos delitos de lesa humanidad que se le han atribuido (sic), pero igual debo abstenerme de esta situación y ponderar el caso concreto según lo que manda la ley aun cuando sea para morigerar la prisión que pesa sobre el imputado en esta causa u en otras (sic)”.
Ignacio Vélez Funes, reconocido camarista de la llamada Sagrada Familia Judicial cordobesa, considera que a Barreiro le atribuyeron “graves ilícitos”, y que “hasta le fecha se sigue investigando su condición de presuntos delitos de lesa humanidad”. Conceptos que -por lo menos- les bajan el precio a las resoluciones de sus colegas.
En su sentencia de la megacausa La Perla-Campo de La Ribera, los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci, Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Ochoa no tuvieron duda alguna sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por Barreiro, alias Nabo, Gringo o Hernández, luego de escuchar 581 testimonios y presenciar 554 audiencias.
Y si bien ahora, según el informe de su psicóloga, “Ernesto se encuentra muy triste y deprimido”, es el mismo hombre que en el campo de La Perla arrastró de la mano y a los tirones a la sobreviviente Liliana Callizo para que viera cómo torturaban a dos picanas y le arrojaban baldazos de agua a la joven Herminia Falik de Vergara, madre de dos hijas, para que muriera pronto. La dejaron agonizante, atada a la parrilla de tormentos, para irse con el resto de la caterva a brindar por la Navidad en sus casas.
Es el mismo Nabo que se rió a carcajadas cuando una de las mellizas Gabaldá se desmayó en la sala antes de poder dar testimonio por la matanza de sus padres. El reo que se jactó, en sus últimas palabras ante el Tribunal, cuando vaticinó “nos verán desfilar” (en las fechas patrias), envalentonado por la presidencia de Mauricio Macri. El mismo represor que vio la sobreviviente Mónica Leúnda, cuando Barreiro integraba el Comando Libertadores de América (una especie de Triple A local) y fue secuestrada junto a las hermanas Gloria y Norma Waquim en las torres de Castro Barros, la madrugada del 7 de enero de 1976, a la vista de todos sus vecinos.
El Nabo, el Gringo, Hernández, Alan Ladd, tales sus apodos; ése que se recostaba al lado de la colchoneta de María Graciela Doldan, secuestrada el 26 de abril de 1976, fascinado por su valentía y su cultura, según confesó durante el juicio. La joven fue una más de las desaparecidas de La Perla.
Ante este panorama, el fiscal de la Cámara Federal, Alberto Lozada, dijo que “podría apelar la prisión domiciliaria” luego de la feria judicial. Esto es: a partir del 24 de julio, cuando recomiencen las actividades en los Tribunales. Hasta entonces, Barreiro será un vecino más de Recoleta.
El estaqueador, entre rejas
Los vientos en la Corte Suprema de Justicia corrieron en dirección contraria para Gustavo Adolfo Alsina, “el estaqueador”. El hombre que amarró al piso (al menos) a dos personas en la UP1, la Cárcel del barrio San Martín, durante el cruel invierno de 1976, cuando el Estado argentino fusiló -fingiendo falsas fugas- a 31 presos políticos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Crímenes por los cuales el dictador Jorge Rafael Videla y “el Cachorro” Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados el 22 de diciembre de 2010 en Córdoba.
El 9 de marzo de 2017 Alsina había logrado que lo enviaran a su casa de calle Manuel Belzú 3365, del barrio Olivos, en el Partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. La prisión perpetua dictada junto a otros 27 cómplices (más los jerarcas) le duró poco en el penal de Marcos Paz. La Cámara Federal de Casación Penal, con el voto en disidencia de Ana María Figueroa, lo benefició con el regreso a su hogar. A su favor firmaron los camaristas Liliana Elena Catucci y Eduardo Rafael Riggi, que hicieron lugar a los argumentos de su abogado defensor: los guardias del penal no lo habían llevado a sus citas médicas (por hipoacusia y problemas gastrointestinales, entre otras dolencias) porque los móviles no tenían nafta, o no había choferes. Faltas que se repitieron cuando el prisionero pidió ir a ver a su madre enferma.
El pasado martes 2 de julio, la Corte Suprema de Justicia le revocó el beneficio. Consideró que, subsanados esos inconvenientes, deberá volver a la prisión.
Durante la dictadura, Gustavo Adolfo Alsina se hizo célebre entre los represores de Menéndez por su crueldad. En la gélida noche del 14 al 15 de julio de 1976 estaqueó desnudo al médico santiagueño René Moukarzel en el patio de mosaicos de la Unidad Penitenciaria 1 (UP1), en barrio San Martín. Alsina lo había descubierto recibiendo un paquete de sal de manos de los presos comunes. Ese fue el terrible delito de Moukarzel. Abierto de pies y manos a la intemperie, bajo el agua nieve que caía, Alsina le fue echando baldazos de agua para que muriera congelado. Sabía que la víctima sufría de asma. Se tomó el trabajo de asesinarlo durante toda la tarde y parte de la noche. Los cientos de prisioneros que padecieron desde sus celdas el castigo infligido al compañero dieron cuenta de los estertores de su respiración. Y de la alegría de Alsina que se paseó, exultante por los pabellones, blandiendo los anteojos de su presa.
Los jueces de la Corte Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti estuvieron de acuerdo en revocarle el beneficio de la prisión domiciliaria. Deberá volver a Marcos Paz. El único voto en disidencia fue el de Carlos Rosenkrantz.
Por Marta Platía-p12
