Regenteaba un prostíbulo bajo la fachada de cooperativa

Una mujer de 47 años irá a juicio acusada de captar mujeres en situación de vulnerabilidad, bajo la fachada de una supuesta cooperativa, para explotarlas sexualmente en el prostíbulo que administraba en la esquina de Guido y Bolívar, en el microcentro marplatense, de acuerdo a la resolución firmada por el juez federal Santiago Inchausti.

La prueba colectada y los testimonios recibidos dan cuenta que la acusada pasaba por el lugar a buscar la recaudación de los porcentajes de los “pases”, se encargaba del alquiler de la vivienda –siendo que las mujeres no sabían exactamente cuánto se pagaba-, reclutaba a las víctimas con ofertas laborales engañosas bajo la supuesta horizontalidad en el manejo del lugar, organizaba los horarios, contrataba la confección de volantes repartidos en la vía pública, entre otras tareas dirigidas a la explotación de al menos tres mujeres. Una de las víctimas se constituyó en querellante.

La investigación comenzó en 2013 a raíz de una denuncia anónima recibida en la línea 145 que funciona en todo el país, las 24 horas. Dos años después, una vez que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata hizo lugar a la apelación fiscal contra la denegatoria de las medidas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, se allanó la vivienda donde las mujeres eran sometidas sexualmente. Pero la investigación dio un giro importante con la declaración de una testigo de identidad reservada y el aporte de documentación que hiciera otro de los declarantes, que permitieron corroborar la hipótesis de investigación en cuanto a que la imputada captaba a las víctimas para luego explotarlas sexualmente.

En concreto, se la acusa de haber captado y acogido con fines de explotación sexual a tres mujeres argentinas, aprovechando su situación de vulnerabilidad y condiciones de vida, un bajo grado de instrucción, hijos e hijas a cargo, contextos familiares violentos, necesidades económicas y de vivienda, entre otras. La actividad investigada se habría desarrollado al menos desde noviembre de 2013 hasta octubre de 2017.

La captación, de acuerdo a la reconstrucción de la Fiscalía, se daba a través de la promesa de que en el lugar estarían asociadas en una especie de “cooperativa”, con el fin de evitar la explotación por parte de terceros y garantizar el supuesto “ejercicio libre de la prostitución”. Sin embargo, las víctimas eran obligadas a entregarle a la acusada la mitad del valor que recibieran por cada contacto sexual a cambio de dinero; además del dinero para los volantes que publicitaban el lugar, un porcentaje del alquiler del inmueble, y los gastos de servicios como luz y gas.

En este sentido, debían asentar en una planilla los “pases” con los varones prostituyentes para luego entregarle a la acusada el porcentaje previamente establecido por ella. Además, se constató que las mujeres allí debían cumplir un horario y sujetarse a las pautas establecidas por la imputada.

Incluso, se desprende de la investigación que “aleccionaba a las víctimas en relación a lo que debían decir en caso de que se produjera algún allanamiento o intervención de alguna autoridad, debiendo aparentar que eran todas amigas, que alquilaban juntas a fin de ofrecer servicios sexuales”. Además –explicó el MPF al requerir la elevación a juicio- “no debían nombrar a la acusada y ésta les garantizaba que, al estar asociadas a AMMAR, el abogado de la institución las representaría ante cualquier conflicto”, a pesar de que ellas no estuvieran cometiendo delito alguno.

lcmdp