La Cámara Alta debate en comisión el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres que fue aprobado por mayoría en Diputados el último 23 de agosto. El Senado tiene la voz definitoria para conocer los destinos de una gran parte de la población inquilina, sin acceso a la compra o construcción de la vivienda propia, y cada día más lejos de poder solventar una renta con comodidades para desarrollar una vida digna. Pero, ¿en qué anda esa discusión?

El tiempo corre y, por ahora, ninguna parte cede. La oposición, con Juntos por el Cambio (JxC) a la cabeza, busca que se apruebe la reforma tal como vino de la Cámara Baja. ¿Qué quiere decir? Que los contratos podrían ser de dos años, y ya no de tres, y que la actualización de los valores sería cada cuatro meses. No obstante, a JxC se le está complicando conseguir garantes y su proyecto se convertiría en un dictamen de minoría.

Mientras, el oficialismo se mantiene firme para dejar la actualización contractual cada tres años y para no tocar el índice de cálculo de aumento de alquiler, compuesto por el resultado del binomio entre inflación y salarios.

La llave por estas horas la tienen “los bloques chicos”, espacios de representatividad minoritarios en el Senado que aportan votos y discusiones claves. Por lo pronto, el bloque de Unidad Federal, que incluye a cinco senadores de distintas provincias y distintas procedencias políticas, se mostró a favor de introducir cambios al proyecto enviado de Diputados.

En ese escenario, a este jueves, la hipótesis de mayor peso es que bajarán dos dictámenes: el de minoría, de Juntos por el Cambio para que la ley salga como está, y otro de mayoría, de oficialismo más Unidad Federal. De triunfar esta última propuesta, el proyecto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva.

Para esta resolución, son esenciales las jornadas de expositores de las partes interesadas en una sesión conjunta de la comisión de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado. El miércoles fue el turno de representantes de colegios inmobiliarios, de asociaciones de propietarios, martilleros públicos y desarrolladores urbanos que reclamaron que la ley salga con “celeridad y urgencia”, aunque también en ese grupo se oyeron voces a favor de la postura oficialista de seguir viendo nuevos cambios.

Este jueves es el turno de los representantes de inquilinos, cuyo pedido se centra en la búsqueda de soluciones para poner fin a la escasez de ofertas de inmuebles. La voz común se vinculó a la inequidad de poder entre las partes. El proyecto aprobado en Diputados habla de un diálogo de igual a igual entre dueño/inmobiliario e inquilinos para negociar el valor, cuando, bien se sabe, la relación es dispar, en detrimento de quien busca dónde vivir.

El debate sigue abierto y, con diversas variables sobre la mesa, aún no hay certezas de cuándo la discusión dejará las comisiones para bajar al recinto de sesiones del Senado.