El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon presentó hoy un proyecto para derogar la ordenanza que prohíbe la difusión del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas.

El comunicado expresa que la bancada libertaria, conformada por Emiliano Recalt y Cecilia Martínez, sostiene que la ordenanza Nº25.029 promulgada en 2021 “imposibilita el crecimiento del mercado inmobiliario” justificada “en conceptos erróneos e imponiendo restricciones para el ejercicio de la profesión de martilleros y corredores públicos”.

Dicha ordenanza establece que se prohíbe la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas en el partido de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata.

El servicio de intermediación inmobiliaria, cuyo caso más conocido en esta ciudad balnearia es el de Remax, “actúa de la misma manera que las inmobiliarias tradicionales, con un martillero o corredor público matriculado y un equipo de personas que se encarga de colaborar con el profesional en el giro comercial”, señalaron los legisladores.

“La práctica a lo largo del país ha demostrado que pueden convivir todos los modelos de inmobiliarias, sin generar perjuicio alguno a los profesionales del ámbito inmobiliario”, indicó el bloque.

“Y realmente puede ser que en algún momento, el desembarco de algunas empresas haya generado algún tipo de temor pero hoy, la práctica profesional demuestra que la competencia sirve, funciona y que no hay riesgo para nadie ni para ningún sector”.

“Nosotros estamos convencidos de que es el momento de avanzar en la derogación de esta norma; en la cual nuestro espacio político estuvo en contra desde el minuto uno que se presentó”, afirmó.

Consideramos que “mientras exista un corredor matriculado que asuma la responsabilidad profesional de las operaciones y que realice los actos que resultan por ley indelegables, la figura de colaborador, agente o como se lo denomine es perfectamente legítima, forma parte del Código Civil y Comercial de la Nación y no viola ninguna ley”.