El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, destituyó a un funcionario del Ministerio de Economía por las “escandalosas” declaraciones homofóbicas que realizó ante la prensa, tras una decisión de la justicia que reconoció que la prohibición de los matrimonios igualitarios constituye una violación de derechos.

El asesor Masayoshi Arai dijo que él “ni siquiera quiere mirar” a las parejas casadas del mismo sexo, que a él “no le gustaría que vivieran en la puerta de al lado” y que el matrimonio igualitario “cambiaría la esencia de la sociedad (…) habría gente que se marcharía del país”,

En respuesta, el premier dijo que tomó la decisión de “apartarlo” del cargo por declaraciones que son “escandalosas” e “incompatibles” con la sociedad inclusiva que busca fomentar el gobierno.

Arai, de 55 años, se disculpó un poco después, al admitir que sus comentarios no eran apropiados, pese a que fueran su opinión personal.

Sadanori Ito, responsable en el Ministerio de Comercio, fue designado como el sustituto del cesado asesor.

El primer ministro intenta solventar así la última crisis de su Gobierno tras una serie de renuncias de altos responsables del Gabinete por escándalos y polémicas de diversa índole que hicieron caer su popularidad.

Además, la cuestión del matrimonio homosexual en Japón es un tema particularmente delicado de cara a la próxima reunión del G7 en mayo: la isla es el único país de las siete principales economías del mundo que prohíbe estas uniones.

Esta semana, el primer ministro declaró ante el parlamento que el matrimonio igualitario “afectaría a la sociedad”, por lo que los legisladores debían ser “extremadamente cuidadosos al abordar la materia”.

Más de una decena de parejas acudieron a tribunales de distrito de todo el país para denunciar que la prohibición de ese tipo de enlace vulnera la Constitución.

En noviembre, un tribunal de Tokio declaró que el hecho de que el país no proteja legalmente a las parejas del mismo sexo creaba una “situación inconstitucional”, pero estimó que la definición de la Constitución era legal.

La Carta Magna de Japón, de 1947, estipula que “el matrimonio debe estar fundado únicamente en el consentimiento mutuo de los dos sexos” y “con los mismos derechos para el marido y la esposa”.