Recibieron entre ocho y 10 años de pena de prisión por hechos ocurridos en 2016
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal condenó a seis agentes de la Prefectura Naval Argentina a penas de entre diez y ocho años de prisión por encontrarlos culpables de haber torturado a los jóvenes Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, habitantes de la villa Zavaleta e integrantes del colectivo La Garganta Poderosa.
Los condenados son Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez y Osvaldo Alberto Ertel (10 años y seis meses de prisión) y Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsilli (8 años y 11 meses). En todos los casos fueron encontrados culpables de los delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y robo agravado y calificado por los hechos ocurridos en septiembre de 2016.
Además, el tribunal dictaminó que ninguno de los ahora condenados podrá volver a ejercer un cargo público. El Ministerio de Seguridad de la Nación había dispuesto en octubre de 2016 la baja de los agentes imputados.
“El proceso judicial que concluyó este viernes mostró las prácticas policiales de hostigamiento y humillaciones que sufren cotidianamente los jóvenes de la Villa 21-24 y de Zavaleta, y que en algunos casos llega a situaciones extremas como las torturas que sufrieron Iván y Ezequiel”, manifestó en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que integró la querella junto a abogados de La Poderosa.
Se sabe que la mayor parte de estos hechos quedan impunes porque no son conocidos ni denunciados. En este caso la organización La Poderosa visibilizó los episodios. Esto permitió recolectar prueba sólida y contundente que demostró la participación de los imputados y su responsabilidad penal en los hechos.
Navarro y Villanueva Moya, uno de 18 años y el otro menor de edad al momento de los hechos, fueron torturados en un destacamento de la Prefectura y en la orilla del Riachuelo. “El Ministerio de Seguridad de la Nación, autoridad política que debería controlar la actuación de la Prefectura, no tomó ninguna medida para evitar la reiteración de los abusos en la zona. Los prefectos se siguen moviendo sin control alguno”, denunció el CELS.
El sábado 24 de septiembre de 2016 Iván y Ezequiel fueron requisados sin razón aparente en la Villa 21 por agentes de la Policía Federal. Ezequiel había ido a visitar a su abuela y cuando volvía se encontró con su amigo y lo saludó. Por eso los detuvieron. “Me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”, contó Ezequiel a La Garganta. Los chicos fueron liberados pero a las pocas cuadras un patrullero de Prefectura se acercó para intimidarlos.
“Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú para cagarnos a palos”, relató Villanueva Moya. Luego los subieron a otro móvil con las cabezas tapadas y los llevaron a un descampado lindero al Riachuelo, sobre el Camino de Sirga donde había unos 10 prefectos. “Los vamos a matar, total nadie los va a reclamar”, les dijo uno de ellos.
Los agentes les pegaron trompadas y palazos y luego los obligaron a tirarse al piso y hacer flexiones de brazos. Uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro le preguntó a Iván dónde quería el tiro.
“Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente habíamos robado. Después nos robaron las cadenitas y las zapatillas”, contó Iván. Después los obligaron a correr y alejarse del lugar mientras simulaban una ejecución.
Al otro día, las víctimas hicieron la denuncia en la fiscalía de Pompeya. Allí se encontraron con uno de los torturadores. Leandro Adolfo Antúnez estaba en el lugar y, tras identificarlo, lo denunciaron ante el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, quien ordenó la detención y remoción de los agentes que estaban en el móvil esa noche.
Puesto de Prefectura sobre la Villa 21-24
Las organizaciones reciben decenas de denuncias de detenciones arbitrarias, causas armadas, golpes y humillaciones. La escalada de violencia de los prefectos desembocó hace pocas semanas en el asesinato de Cristopher Rego, un joven de 26 años a quien un prefecto disparó aparentemente porque no se detuvo en un control vehicular.
Este viernes, mientras tenía lugar la última jornada del juicio, los familiares de Ezequiel Demonty realizaban un homenaje en su memoria en la orilla del Riachuelo porque se cumplen 16 años del día en el que policías de la Federal llevaron a tres jóvenes a ese lugar, los torturaron y los obligaron a saltar. Demonty, que tenía 19 años, no pudo salir del agua y falleció.
En el juicio quedó claro que Iván y Ezequiel, en su calidad de víctimas y testigos, fueron intimidados en más de una oportunidad por agentes de la fuerza en el barrio. Incluso los propios funcionarios judiciales tuvieron que soportar que durante la inspección ocular a orillas del Riachuelo se hiciera presente un grupo de prefectos fuertemente armados en actitud amenazante.
Infobae
