La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclamó a la Justicia que cite a declaración indagatoria de un grupo de empresarios entre los que figura Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, por la firma de un contrato fantasma de u$s5 millones en obras públicas que nunca se concretaron.
Según revelaron fuentes judiciales, el pedido de indagatoria se presentó ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien investiga a ejecutivos por presunta evasión agravada de fondos destinado al inconcluso soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
En concreto, los abogados del organismo que lidera Leandro Cuccioli pidió la indagatoria de los representantes legales y los integrantes del directorio de las empresas IECSA, la brasileña Odebrecht y la italiana Ghella, que conformaron el consorcio de la obra que nunca se terminó. El convenio se suscribió en diciembre de 2010, que según la AFIP, habría sido la herramienta para desviar el dinero a otra empresa “pantalla”.
Los sabuesos de la AFIP acumularon pruebas suficientes para señalar que las empresas involucradas en la megaobra de infraestrucutura se ampararon en un contrato simulado o ficticio con la española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A., conocida como DSC, para sacar u$s4.495.250 de los balances.
El fiscal Franco Picardi sostiene que el contrato con DSC fue una maniobra de obtener los fondos que luego se habrían destinado a coimas de los ex funcionarios. La pesquisa indicó que ese dinero giró por el Principado de Andorra (exparaiso fiscal), pasó por la capital uruguaya de Montevideo y finalizó supuestamente en manos de ex empleados de Planificación.
La empresa IECSA, que Calcaterra le compró a Franco Macri, sería la cabeza la operación. En abril pasado De Giorgi dictó la falta de mérito para el primo del Presidente y el resto de los empresarios, pero el fiscal Picardo apeló.
«El contrato tuvo por objeto la prestación de servicios técnicos por parte de DSC a la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento para la elaboración de proyectos de ingeniería de detalle de las obras civiles, instalaciones y del sistema integral ferroviario, correspondientes a la etapa I, respecto del cual, la AFIP concluyó que habría sido ficticio y que habría servido para derivar fondos al exterior con fines espurios», remarcó el funcionario judicial.
Para evitar la prescripción
La causa se reactiva porque la AFIP sospecha que detrás de la evasión impositiva cometieron evasión agravada en los períodos fiscales 2011 y 2011. «No sólo resultaría apócrifo, sino que constituiría una maniobra para derivar fondos con un destino distinto que el de una genuina contratación de mercado», afirmó la Administración.
Según la AFIP, se detectaron varias irregularidades que «refuerzan la presunción de falsedad ideológica de los instrumentos aportados, máxime teniendo en cuenta la envergadura de las empresas involucradas en el consorcio investigado».
«En consecuencia, y atento encontrarse verificados los elementos que permiten configurar un estado de sospecha suficiente y concordante con la hipótesis denunciada, es que esta parte querellante solicita la inmediata citación a indagatoria de los representantes legales e integrantes de los Directorios de las firmas Iecsa SA, Odebrecht SA y Ghella SA, por la evasión agravada en los términos del artículo 2 inciso d) de la Ley N° 24.769, ante el curso inminente de la prescripción de la acción penal», enfatizó el organismo.
Al pedir las indagatorias, la AFIP recordó que este expediente está por prescribir. El juez De Giorgi sumó la solicitud a la causa, que hoy está en la Cámara federal para resolver la apelación del fiscal.
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