Productores rurales y vecinos del distrito santafesino de Avellaneda realizaron hoy una caravana desde la sede de la empresa Vicentin hasta los Tribunales de Reconquista para rechazar la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández y la intención de expropiar la firma.
La movilización a bordo de autos, camionetas y tractores se dio bajo el lema «No a la intervención y expropiación de nuestras empresas» y con el objetivo de repudiar el «avasallamiento de la división de poderes».
La medida de fuerza coincide con la presentación que realizará esta jornada la empresa para rechazar la intervención dispuesta por el jefe de Estado.
Asimismo, los manifestantes anticiparon que el próximo sábado habrá un «banderazo» para reiterar la postura contraria a las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre Vicentin.
La semana pasada, tras el anuncio del mandatario, el distrito santafesino de Avellaneda había sido el epicentro de las protestas en contra de la intervención de la firma.
Por su parte el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) respaldó hoy la decisión del Gobierno nacional de «ir por un salvataje» de la empresa Vicentin a través de un proyecto de ley de expropiación «en beneficio de toda la sociedad santafesina» y en «defensa del trabajo, la producción y el crecimiento en todo nuestro país».
A través de un documento titulado «Las y los trabajadores defendemos la producción y el trabajo», el MOS respaldó la decisión del presidente Alberto Fernández «para realizar un salvataje a Vicentin».
En este sentido, destacó que eso se da tanto «mediante un Proyecto de Ley de Expropiación que deberá tratar el Congreso» como con la «consecuente intervención preventiva para evitar maniobras de vaciamiento o especulación alguna que perjudique aún más a trabajadores, productores rurales, cooperativas agropecuarias, a la banca estatal y demás».
«Esta importante resolución del Gobierno Nacional -añadieron desde el MOS- beneficia al conjunto de la sociedad santafesina evitando la quiebra o desguace del principal grupo económico de la provincia, lo que hubiera ocasionado pérdida de empleo y producción en nuestro territorio».
En ese sentido, las organizaciones sindicales de Santa Fe nucleadas en el MOS advirtieron que «hoy lo que está en juego es la continuidad de más de 6.000 puestos de trabajo directos y el futuro de miles de productorxs y trabajadorxs rurales de distintos puntos del país».
«La impericia o la intención de vaciamiento por parte de la patronal puso a sus trabajadores y trabajadoras en una situación de incertidumbre en relación a sus salarios y, por ende, a sus familias», dijo el MOS en su comunicado.
Allí, además, se señaló que no les «sorprende que el intendente de Avellaneda (el radical Dionisio Scarpin) defienda los intereses económicos de sectores privilegiados, ya que sistemáticamente ha perseguido a sus trabajadores».
Para el MOS, que agrupa a sindicatos del sector privado y los estatales de ATE, el «cúmulo de irregularidades cometidas por los dueños de Vicentin ameritan la intervención estatal en pos de preservar los puestos de trabajo, evitar la extranjerización de la misma y obtener un mayor control estatal sobre los formadores de precios de los alimentos».
Entre las «irregularidades» en esa firma alimenticia, el sindicalismo santafesino mencionó «la estafa al Banco de la Nación Argentina, evasión de impuestos y retenciones a la exportaciones, cesación de pagos a proveedores y productores hasta el incumplimiento de cláusulas convencionales a sus propios trabajadores».
Finalmente, el MOS destacó que «una decisión de esta magnitud, tomada por el Gobierno Nacional, es necesaria para transitar el camino de la soberanía alimentaria, la recuperación de la economía y marcar un nuevo rumbo que debe recorrer la Patria».
«El Movimiento Obrero Santafesino está dispuesto a movilizar toda su energía para que esta decisión no sea abortada por los retardatarios de siempre», concluye el documento.
