El Poder Ejecutivo designó jueza en lo civil a Agustina Díaz Cordero, hija de la camarista María Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien se ocupa de la causa del Correo Argentino. El concurso tuvo varias irregularidades.
El presidente Mauricio Macri designó como jueza en lo civil a la hija de la jueza que tiene a su cargo la causa por la deuda del Correo Argentino. De acuerdo al decreto 374 publicado ayer en el Boletín Oficial, Agustina Díaz Cordero pasará a ocupar ahora el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23 para satisfacción de su madre, la camarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, luego de un concurso salpicado de irregularidades donde la mano del Ejecutivo actuó a favor de las posibilidades de la flamante magistrada, quien hasta hace poco se desempeñaba como asesora del ministro de Justicia, Germán Garavano.
La historia, detallada ayer en el portal El Destape, es así: Agustina Díaz Cordero se presentó a dos concursos, uno para jueza comercial y otro para jueza civil. En el primero quedó en el puesto 32 de 42 postulantes. En el segundo le fue un poco mejor, quedó 17. Pese a la floja performance, fue incluida en la terna junto a los candidatos Eduardo Róveda y a Roberto Malizia. A pesar de ser la peor calificada del trío, el Ejecutivo envió su pliego al Senado.
El portal agrega otra irregularidad. En el jurado del concurso participó una camarista que está casada con Julio César Rivera, abogado de confianza de los Macri y uno de los encargados de actuar como síndico en el concurso de acreedores del Correo Argentino. Por su desempeño en el caso, Rivera está imputado junto a Macri en la causa penal que lleva el juez federal Ariel Lijo sobre las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino.
La ahora jueza Díaz Cordero trabajaba como coordinadora del proyecto de reforma procesal civil y comercial, uno de las iniciativas que impulsa el ministro Garavano. En tanto que su madre, la camarista Gómez Alonso de Díaz Cordero, preside la Sala B de la Cámara Comercial donde tramita la causa del Correo Argentino y que, de no mediar la intervención de la fiscal Gabriela Boquin, habría avalado un acuerdo que, en palabras de la fiscal, hubiera resultado “ruinoso” para el Estado, con una pérdida que calculó en 70 mil millones de pesos.
Obviamente, desde hace meses el Grupo Macri viene intentando desplazar a la fiscal Boquin de la causa que está en Cámara, por ahora sin resultado. En cambio, a quien sí desplazaron fue al fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien intervenía en el expediente por la millonaria condonación que lleva el juez Lijo y que tiene a Macri y al mencionado abogado Rivera entre los imputados. El procurador interino Eduardo Casal firmó su desplazamiento pocos días después de que Zoni pidiera una serie de medidas para reactivar la causa.
La camarista Gómez Alonso de Díaz Cordero preside también la Asociación de Magistrados y Funcionarios, conocida como una de las agrupaciones más tradicionales y conservadoras del Poder Judicial. La camarista es la primera mujer en presidirla y seguramente en breve tendrá a su hija como otra de sus integrantes.
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