Desde la Asociación Judicial Bonaerense repudiamos la presentación efectuada recientemente por los magistrados integrantes de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual exigen una respuesta institucional al cuestionamiento público que organizaciones sindicales, sociales, políticas, organismos de derechos humanos y colectivos feministas efectuamos ante el fallo machista y misógino dictado por el Tribunal en lo Criminal N°1 de esa ciudad, por el que resultaron absueltos los acusados del femicidio de Lucía Pérez.
Los camaristas sostienen que el cuestionamiento popular constituye un ataque a la independencia e imparcialidad de la judicatura, soslayando que las sentencias judiciales son actos de gobierno, y por lo tanto la crítica pública de la ciudadanía sobre aquéllas configura una manifestación propia del régimen republicano vigente bajo un Estado democrático de derecho, que en nada afecta la necesaria imparcialidad e independencia que el Poder Judicial debe tener frente a los otros poderes del Estado.
El posicionamiento de los integrantes de la Cámara Penal de Mar del Plata expresa una reacción corporativa, en su doble carácter de magistrados y varones, configurando una demostración cabal de la actualidad de un Poder Judicial que mayoritariamente ignora el amplio y contundente consenso social existente en torno a la imperiosa necesidad de avanzar hacia procesos judiciales y fallos con perspectiva de género. Fallos y procesos que no garanticen impunidad, sino la reparación integral de la víctima y el castigo estatal de aquellos que cometen actos de violencia de esa naturaleza.
El Estado tiene la obligación legal de prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres y las disidencias, en cumplimiento con las garantías que establece la Constitución Nacional, la CEDAW, la Convención Belén Do Pará y la Ley 26.485. Fallos como el del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata y la solicitud de los magistrados de la Cámara Penal, lejos están de garantizar la erradicación de las violencias hacia las mujeres y las disidencias, cuando dejan impune el femicidio de una joven y exigen la aplicación de sanciones a quienes se manifiestan en contra de ese fallo.
Por otro lado, el cuestionamiento a la opinión vertida y la solicitud de una respuesta institucional y disciplinaria a la Suprema Corte frente a la medida de fuerza impulsada por nuestra organización gremial, constituyen un claro avasallamiento a la libertad sindical. La Asociación Judicial Bonaerense tiene la facultad de disponer todas las medidas de acción que estime necesarias en defensa de los intereses laborales -individuales y colectivos- de sus representadxs, como así también de expresar su opinión sobre cuestiones políticas, económicas y sociales que pudieran afectar la convivencia en una sociedad de la cual lxs trabajadorxs somos parte fundamental.
Por lo expuesto, solicitamos el más amplio repudio a la respuesta corporativa y al ataque de estos magistrados contra nuestra organización sindical, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir bregando por la construcción de un Poder Judicial con perspectiva de género, independiente y al servicio del pueblo.
Comisión Directiva Provincial | Diciembre de 2018
