Aportar dinero a campañas electorales tiene sus beneficios.
Al menos dos empresas de seguridad privada sospechadas de donar fondos a Cambiemos entre 2015 y 2017 sumaron contratos millonarios en los últimos años, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el ámbito del Estado nacional.
Las compañías Murata SA y Briefing Security están en la mira del caso de los aportantes truchos. Los empleados de Murata se usaron para justificar $ 480 mil en las PASO de 2015. Luego, volvieron a utilizar sus nombres para justificar aportes de la campaña de octubre por otros $ 330 mil; y en 2017, seis de ellos aparecen aportando $ 100.500 a la campaña en la Provincia en 2017. A la ex empleada Brenda Osso, que relató su caso el domingo último, la utilizaron tres veces: aparecía aportando $ 95 mil en el primer informe de gastos de las PASO de Cambiemos en 2015; otros $ 30 mil a la campaña presidencial de octubre; y $ 16.500 más para la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017.
Briefing Security presentaría el mismo patrón. Los ejecutivos de esta empresa aparecen aportando $ 320 mil a la campaña de las PASO 2015; otros $ 180 mil en la generales de octubre de ese año; y $ 96 mil más en las legislativas de la provincia de Buenos Aires en 2017.
Las compañías que prestan servicios al Estado nacional, provincial o porteño tienen prohibido por ley aportar a campañas. Por eso, la Justicia investiga si el dinero donado a nombre de los empleados provenía de los dueños de estas empresas. “Lo que puede haber pasado es que las empresas quisieron ayudar a la gente que simpatiza con nosotros y que salieron a buscarnos plata, y la han canalizado a través de alguna persona física. Es plata legal pero que pasa al circuito negro. No avalamos esta práctica y vamos a acompañar a la Justicia”, aseguraron en el entorno de Mauricio Macri a PERFIL. “La realidad es que estamos trabajando con una ley siniestra”, agregaron.
El 28 de octubre de 2015, tres días después de las elecciones presidenciales, la gestión de Macri licitó a cuatro empresas de seguridad privada un negocio de $ 4.440 millones: la custodia y vigilancia de edificios y otros bienes del Gobierno de la Ciudad hasta 2019. Murata se quedó con una importante porción del contrato ($ 1.265 millones). Briefing Security recibió otra zona del mapa porteño y un contrato por $ 1.091 millones.
Murata ganó también la seguridad en el Banco Ciudad, y desde la llegada del macrismo a Nación sumó contratos. Actualmente, tiene preadjudicada una licitación para realizar la seguridad de la Secretaría de Deportes por $ 24,9 millones.
Briefing Security también sumó negocios con la llegada de Cambiemos al Ejecutivo nacional. Desde marzo, tiene preadjudicado un contrato de $ 34,4 millones para realizar la seguridad de los edificios del Banco Nación por un año.
Murata viene siendo blanco de una investigación en el fuero federal. A partir de una denuncia de Margarita Stolbizer, la fiscal Alejandra Mangano investiga un contrato asignado de manera directa a la compañía por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en medio de un conflicto gremial por el despido de 258 empleados del organismo.
De acuerdo a la presentación, la gestión de Cambiemos en el INTI contrató a “personal de civil armado que recorre el predio y que persigue, amenaza y acosa a los trabajadores”. El servicio le costaría al Estado unos $ 1.300.000 por mes, de acuerdo a la presentación y a la documentación acompañada.
Antecedentes. En 2016, Chequeado informó que empleados de estas dos empresas contratistas de la Ciudad aparecían aportando dinero a la campaña presidencial de Macri y que la maniobra despertaba sospechas. Murata utilizó los nombres de doce empleados. En el caso de Briefing Security-Impes (una alianza de compañías), hay ocho directivos que aportaron. Entonces, uno de ellos, Carlos Elicetche, dijo a los periodistas de Chequeado que hizo el aporte y que la acción fue coordinada con otros directores de la empresa.
Casualmente, en las campañas de Cambiemos de octubre 2015 y 2017, los empleados de Murata y los ejecutivos de Briefing Security-Impes aparecen realizando aportes de $ 30 mil y $ 16.500 respectivamente y casi en las mismas fechas. Son los mismos montos y fechas denunciados por aportantes falsos en esas mismas campañas.
Especial de Emilian Delfino
