Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema, dejará ese cargo en el máximo tribunal de Justicia después de 11 años. Quien se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral y es doctor en Ciencias Jurídicas y sociales, asumió su puesto en el año 2004, cuando Néstor Kirchner estaba en la presidencia.
El 7 de noviembre de 2006, fue designado como presidente del cuerpo, asumiendo ese cargo el 1° de enero del 2007, en reemplazo de Enrique Petracchi.
Lorenzetti se retirará de un cuerpo que en los últimos años, bajo su presidencia, dio claras señales de un alineamiento con el poder político de Cambiemos y con los grandes empresarios. Entre los mismos se encuentran decisiones que avalan el fraude laboral cometido a través de los contratos por monotributo.
Se trata del mismo cuerpo que falló desfavorablemente contra el sindicato de los trabajadores del Subte, de Buenos Aires. La decisión favorecía claramente a la UTA.
Por fallos de ese carácter es que, en los últimos años, ha crecido el descrédito del Poder Judicial. Además, en el marco del terrible ajuste que sufre la mayoría de la población -afrontando tarifazos, inflación, paritarias que quedaron muy por detrás de la inflación- resulta escandaloso que estos jueces cobren entre $ 260 mil y $ 340 mil.
Pero no son estos los únicos privilegios de esta casta. No pagan impuestos a las ganancias, tienen mandatos vitalicios, son elegidos a dedo por el presidente (con acuerdo del Senado) y tienen sueldos multimillonarios, entre otras cosas.
El reemplazante de de Lorenzetti ya ha sido anunciado. Se trata de Carlos Rosenkrantz, uno de los jueces que Macri intentó designar en comisión, una medida arbitraria por la que pasaba por encima del Senado. Posteriormente, el oficialismo tuvo que ceder y sus pliegos fueron aprobados a pesar de las múltiples críticas.
El juez en cuestión formó parte del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Asociados que tuvo entre sus clientes a empresas como Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, McDonald’s, YPF, América TV, Claro, Farmacity, además de la Entidad Binacional Yaciretá y de las provincias de Santa Fe y Corrientes.
Si ya con Lorezetti, el máximo tribunal tenía una orientación favorable a los empresarios, esto tenderá a profundizarse.
