A casi tres años y medio de comenzar su gobierno, Mauricio Macri lanzó un paquete de medidas que a un desprevenido podría sonarle a las políticas instrumentadas durante 12 años por el kirchnerismo y que con tanto ahínco el propio Macri prometió cambiar.
Déjà vu populista, las medidas que lanzó el Gobierno en primer lugar persiguen como único objetivo generar una ilusión de estabilidad que mejore sus chances para conseguir la tan ansiada reelección, es decir, la misma lógica que tanto daño generó en los últimos 70 años de la historia Argentina.
Desde el minuto uno de su mandato, el Presidente se encargó de dejar en claro que no creía en los acuerdos de precios y mucho menos en el control. El libre mercado fue desde el inicio el eje con el cual el Gobierno de Cambiemos apostaba a la baja de precios. De hecho, la apertura de las importaciones se sustentaba en la estrategia de la Casa Rosada de generar una competencia con los productos importados para morigerar los precios locales. Algo que a la luz de más del 200% de inflación acumulada en la era Macri, claramente no funcionó.
Apremiado por una baja de la imagen positiva, ahora el Gobierno parece dejar a atrás sus más profundas convicciones y con la finalidad de “profundizar” la lucha contra la inflación lanza un acuerdo de precios sobre 60 productos básicos y apura la aplicación de la Ley de Lealtad Comercial, algo que no se condice con los primeros lineamientos planteados como cambios estructurales para la economía argentina. El acuerdo de precios está más cerca del peronismo que del PRO, sin embargo, como receta transitoria el Gobierno aplica una medida que no se condice con su ADN.
En esa línea, el acuerdo con los frigoríficos para vender carnes a 149 pesos, es similar al programa el “Mercado en tu barrio”, que es una continuidad del programa que lanzó en su momento el Gobierno de Cristina de Kirchner.
Por otra parte, luego de una política energética enmarcada en la dolarización y el aumento de las tarifas, ahora abruptamente el Gobierno anuncia un congelamiento de tarifas. Además del freno a la curva de aumentos tarifarios, en el caso de la electricidad solo residencial, la Casa Rosada estableció que “los dos aumentos anunciados para el resto de 2019 serán absorbidos por el Estado Nacional”. En definitiva el aplanamiento de la tarifas de gas y el caso de la absorción de la suba de luz, implican para el Estado un costo fiscal de 9.000 millones de pesos.
En tanto que los beneficios sociales que contemplan descuentos en medicamentos de hasta 70% para beneficiarios de la AUH, créditos de la ANSES con montos más altos y más cuotas, y una nueva ronda del plan ProCreAr para 10.000 familias, son medidas que van en la misma línea que promocionaba el kirchnerismo.
Tal como afirmó el ministro de la Producción, Dante Sica, “hay que reactivar el mercado interno”. Es decir, ahora el Gobierno observa el consumo doméstico como una llave para lograr la reactivación de la economía en un contexto de estanflación, lo que es apenas un paliativo que difícilmente provoque una expansión de la actividad económica.
En el Gobierno se apuran a aclarar que estas medidas son “transitorias” y que nada tienen que ver con las que aplicaba el kirchnerismo. Sin embargo, al repasar la historia reciente es inevitable hacer una comparación y comprobar que el “Plan Octubre” de emergencia electoral que lanzó Macri y su equipo se sustenta en los mismos principios de la economía K.
Paradójicamente, cuando los errores propios de Cambiemos vuelven a poner al peronismo (y a Cristina) en la carrera para volver a la Casa Rosada, Macri decide apelar a medidas que van contra sus convicciones más profundas, pero que imaginan le darán a los argentinos el respiro necesario para que en el cuarto oscuro piensen más en la política y no tanto en la marcha de una economía que al cabo de cuatro años de gestión mostrará números paupérrimos.
AMFIN
