La Justicia federal desestimó por “inexistencia de delito” una denuncia por supuesto “desvío de fondos” millonarios desde el gobierno de Cristina Kirchner hacia la productora del programa 678 que impulsó el ex ministro Hernán Lombardi y formalizó la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
La resolución la firmó el mes pasado el entonces juez federal Sergio Torres, actual juez de la Corte Suprema bonaerense designado por la gobernadora María Eugenia Vidal, y quedó firme ante la falta de apelación de la denunciante. El magistrado explicó que la acusación, ampliamente publicitada por el aparato de prensa oficialista, estuvo “desprovista de cualquier sustento de razonabilidad” y se basó en “una mera opinión personal” de la funcionaria de Cambiemos, quien apeló a una “expedición de pesca” desde su rol de denunciadora serial de la administración kirchnerista.
“Desde la @OA_Argentina denunciamos q se desviaron ilegalmente 88 millones de pesos de Anses a la productora PPT x el programa 678”, tuiteó Alonso el 28 de mayo de 2017. La operación había comenzado con una presentación de Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, quien dijo haber detectado una transferencia irregular de 15 millones de pesos desde la Anses (cuando estaba a cargo de Diego Bossio) hacia la productora Pensado Para Televisión (PPT).
La OA en teoría profundizó la investigación y concluyó que eran 88 millones los fondos desviados a la productora de Diego Gvirtz. “Este monto, además de determinar un perjuicio para el canal estatal, paralelamente producía un beneficio indebido a la productora”, escribió Alonso, quien pidió que se investigue también al ex titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer, y al ex director de Canal 7 Martín Bonavetti. “Esta denuncia prueba cómo la plata de los jubilados se desviaba para financiar el aparato de propaganda kirchnerista”, explicó Lombardi a Clarín.
Dos años después, Torres la desestimó por “inexistencia de delito”. “Las maniobras denunciadas no configurarían ninguna de las hipótesis delictivas previstas en nuestro ordenamiento legal”, afirmó el juez en un escrito que difundió El Destape. Los fundamentos planteados por Alonso “se basan solamente en una mera opinión personal, completamente subjetiva y desprovista de cualquier sustento de razonabilidad que permita siquiera considerar que se habría llevado a cabo una maniobra que podría tener ribetes delictivos”, escribió Torres. “La denuncia se ajusta a los paraìmetros de la doctrina que se ha dado en llamar ‘expedición de pesca’”, la desacreditó, y explicó que el relato de la OA “parece recoger una variedad de ideas con un mismo denominador común –la administración saliente– y bajo una misma premisa –la existencia de posibles irregularidades– para, desde allí, construir una presunta imputación que descansa en meras sospechas más que en elementos objetivos”.
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