Para el juez de Cámara Raúl Paolini, lo primero es la familia. Él, su esposa y tres de sus hijo/as trabajan en el Poder Judicial. Un récord difícil de igualar
“No hay nada mas lindo que la familia unida” era la frase latiguillo de una comedia televisiva. Y como buen “pater familias”, el Dr. Paolini quiere tener a sus familiares bien cerca.
Recientemente ingresó uno de sus hijo/as a la Delegación de Administración de la Suprema Corte en Mar del Plata, que se suma a otro/as dos que prestan servicios en la Delegación de Informática y en el Juzgado Correcional N°4, a cargo del juez Pedro Federico Hooft.
Entre Pedro Hooft y Raúl Paolini existe una estrecha relación política; cuando el jurado del jury decidió por mayoría desestimar los cargos contra el juez imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad –proceso penal en trámite- la AJB junto a otras Organizaciones Sindicales y Derechos Humanos llevaron adelante un acto de repudio al fallo. Paolini, por entonces presidente de la Cámara de Apelación en lo Penal, impidió que el acto se realizara en el hall del palacio de tribunales y luego intentó condicionar el acto de descubrimiento de una placa que la AJB instaló en dicho edificio para homenajear a los abogados detenidos desaparecidos en la “Noche de las Corbatas”, limitando la duración del mismo.
Paolini es un caso extremo, pero uno más de una larga lista de magistradxs que hacen uso de una práctica muy arraigada en el Poder Judicial. El nepotismo es un rasgo característico de esta institución; las influencias personales y el intercambio de favores justifican por si mismo tener la idoneidad necesaria para ingresar o ascender en el poder del Estado más antidemocrático, opaco y corporativo. Que permanentemente clama por el respeto a su independencia aunque en la práctica primen las relaciones de cooperación y reciprocidad con funcionarixs del Poder Ejecutivo y/o Legislativo. El sustrato de la “familia judicial” está compuesto por lazos de sangre, parentezcos y padrinazgos. La potestad de proponer el nombramiento de empleadxs y funcionarixs genera relaciones de lealtad con lxs subordinadxs, se utiliza para pagar favores políticos y crear alianzas con otrxs magistradxs.
La responsable política última y principal de esta situación es la Suprema Corte, cabeza del Poder Judicial de la provincia, que acepta y ampara esta situación; varixs de sus integrantes también tienen familiares trabajando en el Poder Judicial. Nada de esto sería posible sin el velo que los cubre y que permite que la mayoría de lxs ciudadanxs desconozca los rostros de lxs ministrxs de la Corte y del resto de lxs magistradxs judiciales. El desconocimiento de estas prácticas por parte de la “opinión pública” es lo que posibilita el accionar arbitrario de lxs magistradxs en los actos de gobierno del Poder Judicial y en la faz jurisdiccional, en la que suelen presentar decisiones políticas como resultado de elucubraciones púramente técnico-legales.
No respetan el derecho de igualdad ante la ley y de oportunidades que consagra la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir, de lxs miles y miles de jóvenes que se presentaron a rendir el concurso para ingresar en la carrera administrativa en la Administración de Justicia y el Ministerio Público, pese a que las autoridades protegieron el método aclarando que la aprobación del examen no garantizaba el ingreso al Poder Judicial.
Tampoco de lxs estudiantes de derecho que realizan pasantías fraudulentas en las dependencias judiciales (trabajando en forma gratuita a la par del resto de personal de planta hasta cinco o seis años en algunos casos) con la esperanza que en algún momento haya un cargo disponible y sean propuestxs por el/a magistradx de turno.
Ni de las personas que sin portar apellido, amistades o recomendaciones recorren juzgados, asesorías, fiscalías y defensorías u oficinas de Corte curriculum en mano, intentando que alguien los tome en cuenta con la esperanza de conseguir trabajo.
La facultad de nombrar a quienes les plazca casi sin restricciones, aun a costa de desconocer la vigencia de derechos humanos de naturaleza laboral y jerarquía constitucional, es uno de los motivos por los cuales la Corte se niega sistemáticamente a consensuar con el sindicato un proyecto de ley marco de paritarias que regule la negociación colectiva y en ese contexto se acuerde un régimen de ingresos democrático al Poder Judicial. Un sistema de ingresos que asegure la publicidad y equidad del mismo, basado en los principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud (Art. 3 inc. 5 Convención Interamericana contra la Corrupción –Ley 24.759- y Art. 7 inc. 1 “a” Convención ONU contra la Corrupción-Ley 26.097).
El caso de Paolini no hará otra cosa que reforzar el concepto negativo que mas del 80% de la opinión pública tiene del Poder Judicial, con justa causa.
Fuente: AJB-
