Tendrá los alcances de un “Facilidades Extendidas” pero con condimentos particulares: período de gracia de 4 años y tasa preferencial. Metas fiscales, la clave.
Antes de las fiestas de fin de año, la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmarán una “Carta de Intención”, que incluirá los lineamientos generales del acuerdo entre el país y el organismo. Pero recién como mínimo, un mes después, en la segunda quincena de febrero o en marzo; el “board” del FMI estará en condiciones de votar (se supone a favor) el nuevo acuerdo.
Si se cumple lo que se está discutiendo en estas horas en Buenos Aires entre el Gobierno argentino y los enviados de Kristalina Georgieva al país, el acuerdo tendrá las formalidades generales de un “Facilidades Extendidas”, pero con condimentos inéditos para la historia del organismo.
Esto es, un período de gracia de cuatro años hasta empezar a pagar y con una tasa de interés preferencial. Para que esto suceda, el Gobierno de Alberto Fernández deberá comprometerse a mantener prácticamente una única condicionalidad: que las metas fiscales de contracción de los desequilibrios entre ingresos y gastos se cumplan. En el año en el que el país no logre el cometido, automáticamente se deberá negociar un “waiver”.
El que también dependerá de la buena voluntad del “board”. El FMI no impondrá políticas económicas, fiscales, de emisión o cambiarias.
Pero sí tendrá que demostrar que las proyecciones del ministro de Economía Martín Guzmán son realistas, sólidas y logrables. Los tiempos que manejan el Gobierno de Alberto Fernández y el FMI son los siguientes.
La misión del FMI volverá en unos días a Washington con la letra gruesa del acuerdo garabateada en los apuntes del venezolano Luis Cubeddu y la norteamericana Julie Kozac.
El responsable del caso argentino y la principal colaboradora del director gerente para el Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, prácticamente ya obtuvieron todos los datos necesarios para elaborar el informe final.
Además de negociar todos los aspectos que, saben, serán cuestionados en Washington. Dejaron además una advertencia asumida por el Gobierno: todo deberá ser avalado por el Congreso Nacional, incluyendo el propio acuerdo. Una vez que Cubeddu, Kozac y Werner empiecen a escribir las líneas finales de lo que será el acuerdo, comenzarán las idas y vueltas virtuales entre Buenos Aires y Washington hasta la redacción final de la letra fina de los compromisos mutuos que se asumirán.
Este proceso demandará todo lo que resta del mes y en el mejor de los casos, se estará hablando de una fumata final hacia el 10 de diciembre. Será el momento en que el paper se elevará unos pisos en el edificio central del FMI, hasta que llegue al despacho de Georgieva.
La búlgara dará el visto bueno final y, si todo sale como se espera en ambas orillas, la que lo presente junto con Alberto Fernández. Se firmará en ese momento una “Carta de Intención” que se pondrá a disposición de los delegados de cada país ante el FMI.
Estos embajadores tendrán un mes para revisar el contenido de la “Carta”, para dar sus precisiones o su aval directo. Serán tiempos además de lobby cruzado desde Buenos Aires con cada uno de los embajadores de los principales estados votantes en el “board” para que estos avalen la letra de la “Carta de Intención”.
Finalmente, no antes del 15 de enero, el caso argentino y su pedido de un acuerdo del tipo “Facilidades Extendidas”, pero con contenidos inéditos en la historia del organismo llegarán a la instancia definitiva. El directorio del FMI se reunirá específicamente para tratar este tema y dar su veredicto final.
Se supone que si se alcanza este momento es que se descuenta que los votos necesarios para avalarlo ya estarán garantizados. Sin embargo, como se trata de un acuerdo fuera de lo común, el Fondo requiere de la aprobación del 85% de los votos con lo que, inevitablemente, se tendrá que contar con la mano levantada de EE.UU. Se llega aquí a un cuello de botella, por las circunstancias políticas del caso.
El voto imprescindible de este país (16% del total) se da en medio de un cambio radical de gestión, con la llegada de Joe Biden y la salida de Donald Trump.
El cambio de gobierno se dará el 20 de enero, con lo que recién ese día el próximo jefe de estado norteamericano tomará el poder y tendrá la capacidad de nombrar funcionarios. Según la tradición, en la primera semana llegarán a la Casa Blanca los colaboradores fundamentales y las segundas líneas incluyendo el próximo secretario del Tesoro.
Este tendrá luego un tiempo para designar a los delegados en los organismos financieros internacionales, en un proceso que no tomará menos de 15 días a un mes, con lo que el nuevo representante de los Estados Unidos no llegaría antes de la segunda quincena de febrero. Argentina entonces está en una disyuntiva.
Si se busca acelerar el aval para tranquilizar a los mercados locales y comenzar 2021 con el problema del FMI despejado, tendrá que negociar con el saliente Donald Trump. Si se piensa que no es necesario ganar tiempo, y que con la sola presentación de la “Carta de Intención” alcanza se podrá esperar a armar las relaciones necesarias con la gestión Biden. Y confirmar que con el demócrata podrá haber mejor sintonía que con los republicanos.
Lo más probable es que recién para fines de febrero o marzo, cuando los embajadores de la nueva administración del gobierno norteamericano estén en los sillones de los organismos internacionales, el caso argentino podrá ser tratado.
Por Carlos Burgueño-AMFIN
