El Ministerio Público Fiscal solicitó que se revoque la prisión domiciliaria al exjuez federal Roberto Catalán, condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en La Rioja, quien fue filmado mientras violaba el beneficio. Además solicitó que sea enviado a una cárcel común. El pedido llegó luego de que circulara el audiovisual en el que se lo sorprendió haciendo mandados y burlándose de la situación.
Esta mañana, horas después de que se difundiera el video registrado por la agrupación Hijos, la fiscal María Virginia Miguel Carmona solicitó a la Justicia de Ejecución Penal que le fuera revocado el beneficio del que gozan varios genocidas.
Según Miguel Carmona, integrante de la Unidad de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en La Rioja, del video “se desprende que Catalán puede movilizarse sin ningún inconveniente, gozando de una salud tal que le permite, incluso en estos días de intenso calor, salir a la calle, caminar y desenvolverse sin ayuda o colaboración de nadie”.
Catalán fue juez federal durante la última dictadura luego de que Jorge Rafael Videla lo nombrara en el cargo en 1976. Fue condenado en 2016 por colaborar desde el Poder Judicial con los crímenes de lesa humanidad cometidos en su jurisdicción.
La Fiscalía que participó del juicio oral y público en el que se evaluó su responsabilidad y la de otras 60 personas en casos de torturas, secuestros y desapariciones consideró probado que el exjuez “tomó declaración a detenidos vendados, esposados y vigilados por guardias armados del Instituto de Rehabilitación Social” (un centro clandestino de detención). La misma fiscalía recordó que, tras los interrogatorios, los detenidos eran devueltos al IRS. “La única prueba que tuvo el juez Catalán para condenar a quienes condenó fueron las indagatorias tomadas bajo tortura”, subrayó en aquel entonces la Justicia.
A pesar de haber sido condenado a 12 años de cárcel, debido a su edad y a supuestos problemas de salud, cumplía la pena en su casa de la capital provincial. “Usted está preso, no puede salir ni a la puerta –le gritó quien lo filmó mientras regresaba a su domicilio tras haber hecho las compras–. Está preso por genocida, lo voy a escrachar”. “¿Me vas a sacar una foto?”, preguntó el condenado al ser sorprendido en la puerta de su hogar. Levantó el brazo izquierdo y saludó a la cámara.
El Ministerio Público Fiscal es la única instancia habilitada a discutir cuestiones vinculadas con el cumplimientos de las penas de parte de los condenados. Sin embargo, las querellas privadas han realizado presentaciones no vinculantes en el expediente advirtiendo que el ex magistrado no estaba cumpliendo con su condena como corresponde.
La Secretaría de Derechos Humanos provincial, a cargo de Delfor Brizuela, adelantó a través de un comunicado que presentará una queja en la que exigirá el “estricto cumplimiento” del arresto domiciliario y advirtió “la relajada custodia federal que debería impedir” que Catalán deambule por la calle. Lo harán el próximo viernes, cuando finalice la feria judicial.
