A ocho días del comienzo del paro nacional, el gobierno decretó el estado de excepción y crece la tensión.
La Confederación de Organizaciones Indígenas de Ecuador (Conaie) y con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (AODDHH) denunciaron una fuerte represión, con al menos un muerto, ejercida por las fuerzas policiales a las y los manifestantes que desde hace una semana protestan en distintos puntos del país en el contexto del Paro Nacional. Indígenas, sindicalistas, ambientalistas, artistas, estudiantes, mujeres y feministas salieron a las calles desde el pasado 13 de junio para exigir al gobierno de Guillermo Lasso bajas en el precio del combustible y empleo, entre otros puntos.
Según el conteo diario que realiza la AODDHH, hasta el 19 de junio a las 20, registraron 39 vulneraciones a los derechos humanos, 79 detenciones -entre el 13 y el 19 de junio- y 55 personas heridas -del 14 al 19-. Además, en una conferencia de prensa realizada este lunes sumaron la información de una persona fallecida y cuatro heridas de gravedad mientras escapaban de la represión por parte de la policía.
De acuerdo a la Alianza, el hecho ocurrió en la madrugada en el sector de Collas, en el noreste de la capital ecuatoriana. María Morillo, del Frente Nacional Antiminero, relató que una avanzada de manifestantes, que buscaban llegar a Quito desde la provincia de Imbabura (norte), se encontró en Collas con represión policial con “bombas lacrimógenas y gas pimienta”. El episodio fue confirmado a la prensa internacional por fuentes policiales, que señalaron que cayeron “a una quebrada tres manifestantes y uno de ellos murió, pero no es en enfrentamiento”.
“La Confederación del Pueblo Kayambi, denuncia y rechaza la represión brutal de la @PoliciaEcuador en el norte del país”, denunció ese nucleamiento, que integra la Conaie en su cuenta de Twitter. A estas denuncias se sumó, también, Amnistía Internacional, que difundió un comunicado en el que sostiene: “La lamentable decisión de @LassoGuillermo de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019. El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas”.
La tensión fue in crescendo desde el lunes de la semana pasada cuando comenzaron las protestas en el contexto del llamado al paro nacional que realizó la Conaie, en el que se dieron bloqueos y manifestaciones en provincias del sur del país y del centro norte. Como respuesta, el presidente Lasso decidió decretar el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, para luego extenderlo a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.
En las últimas dos jornadas se reportaron enfrentamientos en accesos al sur de Quito -hacia donde se dirige la movilización- por donde intentaron llegar a la ciudad manifestantes provenientes Cotopaxi y Chimborazo, ubicadas al sur de la capital, informó la cadena Telesur. Según la prensa, el contingente policial intentó detener una caravana, pero luego le permitió paso en dirección a la parroquia Tambillo, al norte del cantón Mejía, desde donde este grupo planeaba desplazarse a la parroquia Cutuglagua, para descansar allí y retomar su avance hacia Quito en la mañana de este lunes.
La Conaie ratificó que no se retirará de las calles ni depondrá el paro nacional indefinido hasta que el Gobierno cumpla el pliego de diez demandas populares, entre los que exigen: liberación de la importación de combustibles, garantizar el precio oficial de la leche en 42 centavos de dólar por litro, educación y empleo.
La jugada política de Lasso
En medio de este panorama, Guillermo Lasso aseguró el lunes que el movimiento indígena lo quiere “botar” del poder. “Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz, ellos buscan el caos, quieren botar al presidente”, declaró el gobernante en un video divulgado en las redes sociales. La respuesta que dio, entonces, a las protestas fue la extensión del estado de excepción, lo que para las organizaciones de derechos humanos restringe los derechos de las personas a manifestarse.
En este contexto, el portal ecuatoriano Primicias informó que la Asamblea Nacional tenía previsto analizar el decreto 455, que ordenó el primer estado de excepción, con una mayoritaria intención de derogarlo. Pero el Ejecutivo se adelantó y momentos antes del debate derogó el documento y expidió uno nuevo.
Ahora, el decreto 459 establece las mismas medidas, pero las amplía también para Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Así, el Legislativo no pudo tratarlo, porque debe esperar la notificación del nuevo documento y, a su vez, una nueva convocatoria a sesionar. La Corte Constitucional tampoco se había pronunciado sobre el estado de excepción y ahora deberá hacerlo sobre el nuevo documento.
