La escuela no escapó a la dinámica represiva que las Fuerzas Armadas instalaron en nuestro país entre 1976 y 1983.
Por ser un espacio de producción de conocimientos y circulación de saberes, era considerada un ámbito de potencial amenaza y, al mismo tiempo, un dispositivo de disciplinamiento social que debía ser observado y vigilado. Al conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pone en circulación una colección documental que reúne documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), sobre la persecución y espionaje a la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires durante el terrorismo de Estado.
http://www.comisionporlamemoria.org/project/vigilar-la-escuela/#btnancla
“POSIBLES ACTIVIDADES IDEOLÓGICAS EN LA ESCUELA NORMAL ALMIRANTE BROWN DE QUILMES:
En razón de haberse tomado conocimiento mediante el Organismo afín BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601, que en el establecimiento educacional secundario mencionado en el epígrafe, un grupo de profesores integrarían una célula izquierdista, desarrollando actividades de adoctrinamiento y captación dentro del alumnado del mismo, este organismo realizó una prolija investigación tendiente a establecer la responsabilidad de los citados educadores arribando posteriormente a las siguientes conclusiones…” (Mesa Ds Varios 7454, año 1976).
El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 implicó una ampliación y sistematización de la violencia estatal iniciada unos años antes. En forma concurrente, el Estado fortaleció un conjunto autoritario de mecanismos de control sobre la sociedad para garantizar la desmovilización, el disciplinamiento y la restauración del orden. A través de distintas instancias de la administración estatal, se dispusieron y actualizaron instrumentos de vigilancia y control tendientes a combatir y erradicar ideas, valores y conductas que habían alimentado las experiencias de radicalización político-ideológica con el objetivo de promover una idea de nación acorde a la moral católica y los valores occidentales.
En las misiones de la directiva del comandante en Jefe del Ejército N° 504/77, Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977/1978, firmada por Videla el 20 de abril de 1977, se plantea:
“El Ejército intensificará la ofensiva general contra la subversión a partir de la recepción de la presente Directiva, en su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras FFAA, mediante la detección y destrucción de las organizaciones subversivas en 1977/78, apoyando las estrategias sectoriales de otras áreas de gobierno en lo relativo a la LCS, con prioridad en los ámbitos industrial y educacional, dando preeminencia a lo urbano sobre lo rural y con esfuerzo principal en la zona Buenos Aires (Capital Federal –Gran Buenos Aires – La Plata – Berisso – Ensenada) y secundario en el cordón Ribereño (Villa Constitución – Campana) – Rosario – Santa Fe –Córdoba – Tucumán, a fin de facilitar la consecución de los objetivos del PRN.
Además:
-Tendrá responsabilidad primaria en la conducción de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional.
-Conducirá, con responsabilidad primaria, el esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión, a fin de lograr una acción coordinada e integrada de todos los medios a disposición.
-Conducirá el sistema de comunicación social (AS) para el apoyo de la lucha contra la subversión”.
Como podemos ver, el ámbito educacional se erigía como prioritario para las tareas de detección y destrucción de las organizaciones subversivas, y los organismos de Inteligencia nacionales y provinciales, articulados en la Comunidad Informativa, tendrían un rol destacado en la identificación de elementos subversivos.
El impacto de las políticas dictatoriales en el sistema educativo podría sistematizarse en dos planos que no son excluyentes sino complementarios: el alcance de las políticas represivas dispuestas sobre toda la sociedad (que incluyó a los actores del sistema educativo) y las políticas de control sobre las personas y los contenidos diagramadas específicamente para el ámbito educativo. En la primera dimensión, el sistema educativo fue alcanzado por el dispositivo represivo puesto en marcha con el objeto de aniquilar a una parte de la población considerada subversiva, e instalar un clima de terror en el conjunto de la sociedad tendiente a la desmovilización. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y directivos de instituciones educativas de los distintos niveles fueron víctimas directas del accionar represivo; la vida cotidiana en escuelas, colegios y universidades se vio fuertemente afectada por la lógica de cesantías, secuestros y desapariciones. El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, señalaba en una entrevista publicada por el Diario La Nación el 12 de diciembre de 1976:
“Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no, corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras (…). Lo cierto es que esa subversión no es la subversión meramente armada. Muchas veces se equivocan los términos cuando se limita exclusivamente el de subversión al combatiente que es abatido por las fuerzas del orden. En la subversión debemos incluir a quienes armaron a esos combatientes, pues si nos ponemos a analizar creo que son más responsables que los mismos combatientes (…) Ahora ellos, que en su momento los armaron, han dado un paso atrás tratando de pasar desapercibidos. Una de las mayores preocupaciones es cuidar que en el ámbito de la cultura no se infiltren nuevamente, o por lo menos que no tengan como en otra época la posibilidad de accionar fácilmente y llevar a la subversión a tantos jóvenes universitarios y secundarios que, día a día, caen en tantos enfrentamientos”.
Los servicios de inteligencia que integraban la comunidad informativa -entre ellos la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA)- jugaron un rol clave en la identificación de los actores sociales que pudieran ser blanco del accionar represivo. La selección documental que presentamos da cuenta de ello: pedido de antecedentes de docentes, directivos e instituciones; señalamiento de personas que eran consideradas subversivas o peligrosas, etc. Pero los docentes y autoridades también fueron convocados e instruidos en la lógica de la identificación/vigilancia/delación a través de la resolución 538 Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo que se difundió en todo el sistema.
En la segunda dimensión, la última dictadura llevó adelante un conjunto de políticas tendientes a establecer un férreo control sobre actores, contenidos e instituciones a fin de que la educación asistiera a la restauración del orden, el cual se consideraba que había sido vulnerado o agredido en los años anteriores. Los objetivos pedagógicos y funcionales se apoyaron sobre algunas ideas fuerza: sanear a la sociedad, erradicar valores e ideas que eran al mismo tiempo causa y efecto de la acción subversiva, desideologizar y despolitizar a la población, restaurar el orden social, sobre la base de los valores morales y espirituales de la nacionalidad.
En este sentido, la vigilancia y el control sobre el pensamiento y la conducta de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades fue un rasgo común a las gestiones del Ministerio de Educación que se sucedieron entre 1976 y 1983. Estas acciones se tramitaron desde distintas intervenciones entre las que distinguimos dos: las reformas curriculares y los esquemas de control y disciplina constitutivos del sistema educativo tradicional, pero llevados al paroxismo durante estos años. Las reformas curriculares en los niveles primario y secundario buscaron reorientar contenidos en función de una concepción esencialista de los valores y una visión tradicional de la familia y la patria que contribuyera a la internalización de patrones de conducta favorables a la formación de un ciudadano disciplinado. Da cuenta de esto el reemplazo de la materia Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA) por Formación Moral y Cívica.
En relación a la disciplina se profundizaron normas y dispositivos de control enraizados en el sistema pero puestos ahora en diálogo con políticas represivas. El Ministerio de Planeamiento tuvo un rol central en el establecimiento de dispositivos de supervisión ideológica en las instituciones públicas del país, que tramitaron las autoridades educativas nacionales y provinciales. Así, las estructuras educativas desempolvaron, actualizaron y extremaron códigos y normas de disciplina y restablecieron relaciones y estructuras jerárquicas (allí donde se las consideraba relajadas o disueltas).
La puesta en marcha de la Operación Claridad, en 1976, facilitó la articulación entre distintos niveles de gobierno a partir de la premisa de la vigilancia y represión en la cultura y la educación.
La directiva 504/77 antes mencionada, contenía el Anexo 4 (ámbito educacional), firmado por el entonces jefe del ejército Roberto Eduardo Viola, a quien se considera el padre de la Operación Claridad. Se plantea su vigencia señalándose con nitidez el camino que seguiría la lucha contra la infiltración subversiva en el ámbito de la educación. Como parte del diagnóstico el documento señala:
“a. El ámbito educacional ha sido objeto por parte de la subversión de una creciente infiltración y captación ideológica en todos los niveles de enseñanza, con la finalidad de formar futuras clases dirigentes de país y cuadros de sus organizaciones político –militares.
El accionar subversivo en este ámbito se lleva a cabo fundamentalmente a través de:
Personal directivo, docentes y no docentes, ideológicamente captados, que a través de decisiones, cátedras o charlas informales, difunden ideologías subversivas.
Organizaciones estudiantiles de nivel secundario y universitario que realizan actividades de captación e intimidación en estrecha vinculación con las OPM.
Empleo de bibliografía y recursos didácticos que en forma objetiva o subjetiva sirven para difundir ideas extrañas a nuestros principios de nacionalidad.”
A partir de este diagnóstico se delinea un plan de acción que supondrá distintas incumbencias y responsabilidades:
“1) La operación consistirá en una tarea a desarrollar por todos los niveles de la Fuerza en su jurisdicción, tendiente a concretar un efectivo acercamiento espiritual-ideológico, con las autoridades, docentes y estudiantes de los ámbitos nacional y provincial. La AC constituirá uno de los principales arbitrios a los que se podrá recurrir para facilitar ese acercamiento.
2) La acción señalada será complementada por una intensa actividad de inteligencia y operacional, destinada a separar a elementos subversivos del ámbito, en lo posible por medio de la autoridad educacional natural y/o proporcionar seguridad al personal e instalaciones que lo requieran.
3) Lo enunciado permitirá crear vínculos que, traducidos en una actitud de comprensión, predisposición y diálogo, facilitarán el desarrollo de las tareas emergentes de la política de acercamiento, asesoramiento y apoyo impuesta por la misión.
4) La conducción integral y el control de la operación se mantendrán centralizados a nivel Comando de Subzona o Jefe de Área, quienes imprimirán las variantes aconsejadas por las características diferenciales existentes en la provincia o región.”
CPM
