La crisis socioeconómica que atraviesa el país se ve reflejada en el hecho de que la inflación proyectada para este año supera el 45% y, además, los propios datos oficiales evidencian que el 27,3% de los argentinos se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, en la Argentina, casi tres de cada diez personas no llegan a cubrir sus necesidades básicas.
En particular, la provincia de Buenos Aires es una de las más perjudicadas por esta situación, ya que, al aglutinar a casi el 38% de los argentinos, es el distrito que debe responder a la mayor cantidad de demandas y requerimientos. Sin embargo, desde el 2015 hasta la actualidad, los bonaerenses han visto crecer bruscamente el porcentaje de impuestos que gravan sobre sus ingresos.
Debido a este enorme peso que soportan los contribuyentes, durante el primer semestre de 2018 la provincia recaudó un 27,3% más que el mismo período del año anterior, aunque esto no se vio reflejado en la calidad de vida de los habitantes. De hecho, ocurrió todo lo contrario y los incrementos en las tarifas de los servicios públicos son la prueba de ello: para el mes de octubre se dictaminó una suba de gas del 30% y de hasta 15% en enero, del 24% sobre la luz, del 29% en los peajes que unen a la Ciudad de Buenos Aires con La Plata y Mar del Plata y, a su vez, un crecimiento del 40% en los impuestos correspondientes al agua potable y los desagües. Asimismo, otras variables de importancia se vieron perjudicadas, entre las que se hallan las prepagas —acumulando un ajuste del 29,8% en lo que va del año— y del combustible.
Desafortunadamente, el horizonte es aún más desesperanzador. El presupuesto aprobado para el 2019 deja entrever que se profundizarán las medidas de ajuste, desfinanciando aquellos aspectos vitales para los sectores más desprotegidos. En ese contexto, la provincia de Buenos Aires afrontará gran parte de este recorte, ya que de los 44 mil millones de ahorro fiscal que el Ministerio de Transporte pretende alcanzar durante el año próximo, el territorio bonaerense absorberá más de 25 mil millones, lo cual se transferirá a los municipios y estos a las empresas, afectando fuertemente el valor de los boletos y, en consecuencia, el bolsillo de los trabajadores.
Esta situación conlleva una fuerte pérdida en la calidad de vida de las familias, ya que cada vez destinan una mayor parte de sus ingresos a la compra de bienes y servicios básicos. Como se ha visto, no es producto de una falta de recursos, sino de las prioridades establecidas por el Gobierno: mientras las economías domésticas se retraen, los intereses de deuda ya se encuentran segundos en el ranking de los gastos nacionales.
Por esa razón, es necesario que la actual administración escuche las demandas de la sociedad, diseñando medidas que estabilicen la economía, impulsando el crecimiento, alentando el consumo con aumentos en el poder adquisitivo de los trabajadores y fortaleciendo a las pymes. De esa manera, la política debe estar al servicio de la población, garantizando que por medio de la justicia social ningún derecho se vea vulnerado.
Por Rodolfo Iriart – Legislador provincial
