El gremio de profesionales de la educación pública de Costa Rica paralizaron labores y salieron a protestar en las calles contra varios proyectos de ley en sede legislativa para prohibir y regular el derecho de huelga de trabajadores estatales, así como sobre el empleo público.
El gremio de educadores del sector público de Costa Rica inició este jueves, 6 de junio, una huelga convocada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), cese de actividades que inició acompañado por una movilización nacional por las calles de San José.
La convocatoria a paro de educadores tendrá una ejecución escalonada los días 7, 11, 18 y 25 de junio de este año, como medida de presión y reclamo ante los ajustes que pretenden emplear con la entrada en vigor de la mencionada ley de empleo.
La organización sindical APSE, manifestó que en el territorio costarricense entrará en vigor una reforma al sistema de pensiones y un ataque orquestado contra la canasta básica, hecho que desmejorará la calidad de vida de los docentes del país.
Sobre la huelga, el Ministerio de Educación Pública (MEP), aseguró que todos los centros educativos del país permanecieron abiertos este primer día de paro convocado por APSE.
La presidenta de APSE, Melida Cedeño, llamó a los afiliados a defender la libertad de expresión y de manifestarse contra los proyectos que empobrecen a los trabajadores.
Específicamente, la APSE rechaza los proyectos de ley para restringir la huelga (21.049) y ampliar lista servicios públicos esenciales (21.097)
«El proyecto 21049 busca restringir el ejercicio del derecho a huelga, criminaliza la protesta social, amenaza con disolver los sindicatos y despedir a funcionarios que defiendan sus derechos, lo que dejará indefensa a la clase trabajadora ante los abusos que ocurran desde el Gobierno», destaca la APSE en su página Web.
Los dirigentes acusan al diputado Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, de presentar un texto sustitutivo, «con medidas aún más drásticas para prohibir el ejercicio de la huelga y disolver los sindicatos».
Entre tanto, el proyecto 21097 busca ampliar la lista de servicios esenciales donde la huelga será prohibida, incluyendo sistema hospitalario y la educación pública en ese listado.
«APSE ha externado su rechazo total a estos proyectos de ley mediante campos pagados pagados en prensa nacional, campañas informativas, el envío de consultas de criterio a la Asamblea Legislativa, conversaciones con diputados y asesores legislativos y exponiendo sobre el tema en los diferentes espacios sindicales», indicó Mélida Cedeño.
APSE también acordó declarar la huelga contra estos proyectos de ley, mediante moción aprobada en firme en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 11 de mayo anterior.
Fuente: El País
