Alejandra Obligado, jueza del Juzgado de Familia nro 5, convoca a trabajar en forma presencial a empleadxs, peritos y funcionarixs pese a contar con la herramienta del teletrabajo, poniendo en riesgo la salud de trabajadorxs y justiciables para realizar tareas que no son urgentes ni impostergables incumpliendo con las normativas de prevención dispuestas por la Corte.
Más grave aún es que la jueza no predica con el ejemplo. Suele llegar al juzgado a media mañana y en ocasiones no se presenta, como lo comprobó el sindicato en más de una ocasión. Sí suele vérsela habitualmente en los medios, opinando de los temas más variados (Hasta de la ley de alquileres!??).
O antes de la pandemia, participando como invitada especial en diversas actividades, incluso aquellas que se desarrollaban en el horario de trabajo y con el juzgado en turno. ¿Donde queda entonces la tan mentada esencialidad del servicio de Justicia? ¿Cómo justifica la convocatoria presencial que pone en riesgo a propios y extraños, cuando ella misma no asiste al juzgado?.
La acción de la AJB hizo posible que en dos ocasiones la jueza redujera la convocatoria del personal. Pero insiste en transgredir las limitaciones que le impone la propia Corte para prevenir la transmisión del Covid 19. La magistrada mantiene una posición hostil hacia el sindicato.
Ha tomado la decisión de no brindar información respecto a quienes integran las guardias, desconociendo de esa manera la potestad legal de nuestra organización de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral que afecta a lxs trabajadorxs comprendidos en nuestro ámbito de representación (Arts. 31 incs. 1 y 2 Ley 23.551).
Y suscribió una nota con el resto de sus colegas (posteriormente el titular del juzgado 4 dispuso dejar sin efecto esa medida en lo que respecta a la dependencia a su cargo) restringiendo el acceso al edificio del Fuero a los representantes gremiales, en un claro avasallamiento a la libertad sindical.
La falta de consideración hacia los otrxs no se reduce a empleadxs, peritos y funcionarixs a su cargo. En las audiencias públicas la forma vociferante que tiene de dirigirse a justiciables y letrados es antológica. Y sólo el temor a su investidura explica que no haya sido denunciada por lxs abogadxs de la matrícula, afectadxs por el comportamiento de la jueza. Sin embargo, algunos profesionales se animaron a visibilizar lo que es un secreto a voces y solicitaron la intervención al Colegio de Trabajadores Sociales ante el destrato que la jueza les propinaba en las audiencias.
La AJB denunció ante la Secretaría de Personal el incumplimiento de la jueza, pero la Corte sigue mirando al costado acerca de todas las irregularidades que han sido denunciadas respecto a la magistrada a lo largo de los años. Las diversas presentaciones y sumarios iniciados en Control Judicial no avanzan pese a las graves situaciones planteadas.
A modo de síntesis podemos recordar:
– La renuncia de una perito psiquiatra con graves acusaciones respecto al trato recibido por la magistrada.
– El traslado de una secretaria y dos auxiliares letrados, ante la imposibilidad de continuar conviviendo con las arbitrariedades de la jueza.
– El pedido de traslado colectivo de la totalidad del equipo técnico en el año 2017. Este pedido no recibió respuesta alguna por parte de la Corte hasta el día de hoy. Los profesionales denunciaron graves situaciones de avasallamiento a la autonomía profesional y sus derechos laborales.
Las intervenciones de la oficina de Resolución de Conflictos de la Suprema Corte no han hecho mella en la conducta de la jueza, cuya única respuesta consistió en retirarles el saludo a lxs peritos, negarles todo contacto personal con ella (ni siquiera para hablar de las causas) y aislarlos del resto del juzgado. Incluso tomó la decisión de no convocarlos a trabajar durante la feria de enero pese a estar en turno durante quince días. No se comprende entonces porqué en estas circunstancias de extrema gravedad sanitaria la presencia de lxs peritos resulta ahora imprescindible y se les niega la posibilidad de realizar teletrabajo a quienes lo solicitan.
En el contexto de pandemia, las decisiones de la jueza pueden acarrear graves consecuencias ya no solo a lxs trabajadorxs a su cargo, sino a la salud pública local. El esfuerzo de las autoridades sanitarias y de la comunidad toda puede ponerse en jaque si las dependencias judiciales se constituyen en un nuevo foco de contagio en la ciudad.
La Corte tiene ahora la palabra, porque conociendo lo que sucede en el juzgado de Familia 5, no ha tomado aún las medidas necesarias para modificar la situación descripta. Hacemos responsable a la patronal de la consecuencias que esto conlleve para la salud y la vida de lxs trabajadorxs judiciales y del resto del pueblo de Mar del Plata y la zona.
Fuente: AJB
