El Gobierno de Alberto Fernández intervino directamente por primera vez en la causa por la deuda del Correo Argentino, la cual involucra a la familia de Mauricio Macri. A través de la Procuración del Tesoro, como representante del Estado que es acreedor, avaló que la empresa sea intervenida.
En un dictamen, la fiscal del caso comercial por la deuda del Correo respondió a la decisión por la que se dispuso la apertura del procedimiento de cramdown o salvataje de la concursada.
Concretamente, el procurador Carlos Zannini respaldó el pedido de la fiscal que lleva adelante el expediente, Gabriela Boquin, quien la semana pasada solicitó la intervención de la empresa y el desplazamiento de todos los directivos que responden a la familia Macri. También había solicitado que la causa expediente regrese a la primera instancia judicial para que se resuelva si se inicia el salvataje de la firma o se encamina a la quiebra.
Boquin fue quien rechazó por abusivo el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri quiso homologar para hacer una quita de $70.000 millones de deuda que el Correo Argentino mantiene con el Estado Nacional. La propuesta original de la empresa rondaba un pago de $600 millones, por lo que la fiscal consideró que estaba muy alejada de la realidad si se contemplaban los intereses.
La intervención de Zannini responde a un decreto del propio Macri que obliga a intervenir en este caso a la Procuración del Tesoro y los propios plazos procesales del expediente.
La familia Macri, por su parte, realizó una nueva maniobra para dilatar aún más esta causa que ya lleva más de 18 años. Ahora presentaron un recurso extraordinario para que el caso llegue nuevamente a la Corte Suprema y no se concrete la convocatoria al “cram down” o salvataje, paso previo a la quiebra.
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