Cómo una empresa de electricidad generó una crisis de Gabinete en el Gobierno de facto de Bolivia

La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez impulsó la privatización de la firma, cuya administración está imputada por delitos fiscales.

En menos de dos horas, tres ministros del Gobierno de facto de Bolivia dejaron sus cargos el lunes de esta semana, en una fatídica jornada que desdibujó todavía más la gestión de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, cuando faltan menos de tres semanas para las elecciones que pondrán fin al ciclo político iniciado tras el golpe de Estado contra Evo Morales.

La crisis se desató con la primera salida. Cerca de las diez de la mañana, el titular de la cartera de Economía, Óscar Ortíz, anunció en rueda de prensa que dejaba su puesto por “diferencias profundas” con su par de Gobierno, Arturo Murillo, y alegó que se oponía a la privatización de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec). Ortíz aclaró que no había renunciado, pero que tras negarse a firmar el decreto, el Ejecutivo había decidido designar a otra persona en su lugar.

Detrás del titular de Finanzas presentaron su renuncia los ministros de Trabajo, Óscar Mercado, y de Desarrollo Productivo, José Martínez. Y una semana antes había sido despedido el procurador general del Estado, José María Cabrera, quien también se opuso al plan de “devolverle” la compañía eléctrica Elfec a los “cochabambinos”, tal como promueve Murillo y había prometido Áñez en un efusivo acto, el pasado 14 de septiembre.

¿Qué intereses hay detrás de Elfec?
Antes de analizar la medida del gobierno de facto y sus implicaciones políticas, vale la pena repasar la historia de la compañía en cuestión. Elfec es considerada la empresa más antigua de Cochabamba, y es la que distribuye electricidad en el departamento, tercero en importancia del país de acuerdo al tamaño de su economía. Su origen e historia está enteramente ligada a las élites de esa región.

En 1999, la corporación estadounidense Pennsylvania Power and Light Global (PPLG) compró EMEL y se quedó así con el control de Elfec, situación que cambiaría tras la llegada de Evo Morales al poder, en 2006.

En 2007, la Cooperativa Telefónica Cochabamba (Comteco), que controla en el distrito los servicios de telefonía, TV por cable e internet, decidió hacerse con la mayoría de las acciones de Elfec. Para ello, aprovechó el temor de los inversionistas norteamericanos, que preveían un proceso de nacionalización de empresas con la llegada de Morales a la Presidencia.

Antes de concretar la compra, Comteco creó tres compañías ‘offshore’ en Panamá, a través del bufete de abogados Mossack Fonseca & Co (MF & Co), famoso por haber ayudado a cientos de empresas internacionales a evadir impuestos en sus países, según reveló el diario Los Tiempos con base en la investigación periodística Papeles de Panamá.

De las tres firmas creadas, Cochabambina de Electricidad S.A., Trabajadores de Luz y Fuerza S.A. y Sociedad Eléctrica Bolivia-Soelbo S.A., solo quedó la última. Es a esta, Soelbo, a la que la norteamericana PPLG le vendió el 100 % de sus acciones.

La operación se concretó el 9 de abril de 2008, cuando los títulos de Elfec pasaron a manos de Comteco, a través de Soelbo. Comteco, es decir, sus 120.000 accionistas -a quienes Áñez llama “familias cochabambinas”- controlaba así el 60 % de la compañía, mientras que el restante 40 % pertenecía a los 360 trabajadores de la distribuidora eléctrica.

En 2010, Morales ordenó la estatización de Elfec, mediante el Decreto Supremo 494, pero el resarcimiento económico a los accionistas nunca se concretó. Y es que allí, a raíz de una intervención del Gobierno sobre la empresa, comenzó a develarse el opaco entramado que había detrás de cada movimiento.

Presunto enriquecimiento ilícito a través de empresas ‘fantasmas’
En noviembre de 2011, Javier de Udaeta, gerente general de Soebo, junto a la exgerente de Administración y Finanzas de Elfec, Ximena Rivero, y el exsecretario general del sindicato de Elfec, Alfredo Viscarra, fueron imputados por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y creación de sociedades ficticias. Tanto Udaeta como Rivero continúan prófugos.

En 2015, la Fiscalía de Bolivia imputó a once exdirectivos de Comteco por presunto daño económico. Se sospecha que la firma pagó 17 millones de dólares a una empresa ‘fantasma’, y a partir de allí se creó Luz del Valle S.A., radicada en Bolivia.

En agosto de ese mismo año, el abogado Óscar Gualberto Claure Villarroel, directivo y asesor legal de Comteco, fue asesinado en el estacionamiento de la compañía de un disparo en la cabeza.

¿Y ahora qué?

Pocas cosas están claras respecto al manejo de Elfec y Comteco. El empresario ultraconservador Arturo Murillo, uno de los funcionarios más poderosos del Gobierno de facto, fue consultado por el diario El Deber acerca de quiénes serían los dueños de esa empresa si deja de pertenecerle a Ende, la firma estatal de energía eléctrica. Según Murillo, la compañía nunca estuvo en poder estatal.

“A Elfec la compró Comteco, pero ¿por qué no estamos haciendo la devolución a Comteco? Por un tema sencillo: porque tiene ciertos problemas. Hay muchas denuncias, hay muchos problemas, entonces se están dividiendo las acciones”, dijo, reconociendo las dificultades legales de la medida, una de las últimas que tomará la administración de Áñez. Tampoco especificó cómo se realizará esa división, ni quiénes saldrán beneficiados.

“Elfec es un ejemplo muy claro de cómo no se ha sabido actuar en respeto a la Constitución y las leyes, es un decreto que se pretendió hacer firmar al Gabinete sin que haya un proceso previo de revisión jurídica”, dijo el exministro de Economía Óscar Ortíz al anunciar que abandonaba el Gabinete de Áñez. Y agregó: “No creo que el Gobierno, en sus últimas semanas, deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes, que debieran dejarse para la próxima gestión”.

Una investigación realizada por el Colegio de auditores de Cochabamba concluye que Comteco y los trabajadores de Elfec consiguieron en forma totalmente irregular las acciones de la empresa de electricidad, y que, en el caso de los trabajadores, no existe evidencia alguna de que hubieran pagado por la compra de las participaciones, que han reclamado a través de cartas públicas tanto al presidente Morales como a Áñez, sino que habrían sido un regalo de Javier de Udaeta y su equipo, una vez que las obtuvieron mediante un proceso poco transparente con la creación de empresas fantasmas en Panamá.

Emmanuel Gentile-RT