El oficialismo propone una agenda propia en la que no está incluida la suba de los servicios.
El oficialismo se anticipó a la posible jugada de la oposición, que no quiere demorar la votación en el recinto del proyecto “contra los tarifazos”, y convocó a una sesión especial para el miércoles, con una agenda propia que no incluye el debate sobre las subas de servicios públicos, pero implica el tratamiento de las medias sanciones del régimen de Mercado de Capitales y el proyecto de Defensa de la Competencia.
La oposición que logró imponer en comisión un dictamen para limitar la suba de tarifas a la evolución promedio de los salarios sobre la base de un proyecto del bloque Justicialista y el Frente Renovador, con el apoyo del kirchnerismo, pretende tratar el miércoles esa iniciativa, pero todavía no solicitó formalmente la convocatoria a sesión.
La primera misión de la oposición será reunir el quórum para habilitar la sesión y cumplido ese objetivo, precisará solamente la mayoría simple de los votos para darle media sanción.
El temario de la sesión pedida por el oficialismo implica el tratamiento de los proyectos denominados de “Financiamiento Productivo” como el de Defensa de la Competencia, los cuales fueron devueltos con cambios por el Senado. También incorpora un protocolo de enmienda a un convenio suscrito con Brasil contra la doble imposición a los impuestos sobre la renta.
La solicitud de la sesión, dirigida al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, lleva las firmas de los diputados Mario Negri (jefe bloque UCR), Nicolás Massot (jefe bloque PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Silvia Lospennato (PRO), Josefina Mendoza (UCR), Gustavo Menna (UCR), Fabio Quetglas (UCR), Miguel Bazze (UCR), Luis Borsani (UCR) y Facundo Suárez Lastra (UCR).
El proyecto de “Financiamiento Productivo” apunta a facilitar el acceso a créditos para las pymes, con la incorporción de las letras hipotecarias, en tanto que contarán con una factura de crédito electrónica de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida.
Por otra parte, el proyecto elimina las multas como fuente de ingresos para evitar conflictos de interés, estipulándose que lo recaudado sea destinado al Tesoro nacional. Además, suprime el artículo 20 de la actual Ley de Mercado de Capitales, el cual fue introducido en 2013 y le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.
El proyecto de Defensa de la Competencia crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de ese organismo funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El proyecto prohíbe los acuerdos entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de “repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento”, entre otros puntos.
