El ascenso de Carlos III al trono británico es visto por la minoría de republicanos como una oportunidad para aumentar adhesiones, en medio de una sucesión que ya generó críticas por el arresto a manifestantes antimonárquicos, los beneficios impositivos y el rol que tendrá el príncipe Andrés, implicado en el caso Epstein de abusos sexuales.

“Carlos es más fácil de criticar” que su madre Isabel II, fallecida el 8 de septiembre a los 96 años, dijo Graham Smith, director de Republic, una organización que promueve la abolición de la monarquía en el Reino Unido y su reemplazo por un sistema político que permita a los ciudadanos elegir de forma directa a su jefe de Estado.

“Es una persona muy difícil para simpatizar y ya está cometiendo algunos errores obvios. Así que creo que la gente va a tener una visión muy diferente sobre la monarquía”, agregó en declaraciones a Télam.

Carlos III llegó al frente de la Corona con un perfil que despertó más rechazo que aceptación en la opinión pública por su historia de infidelidad durante el matrimonio con la princesa Diana de Gales y las investigaciones por el dinero recibido para sus organizaciones benéficas.

En sus primeros días como soberano, quedó grabado perdiendo los nervios con una pluma que utilizada para firmar en un libro de honor y que parecía perder tinta. “¡Oh, dios, lo odio! (…) No puedo soportar esa maldita cosa”, exclamó el rey.

Más allá de esta situación que alimentó su fama de irascible, las mayores críticas de estos primeros días estuvieron vinculadas a los arrestos realizados a personas que aprovecharon los actos públicos por la muerte de Isabel II para demostrar su postura antimonárquica.

Un hombre de 45 años fue detenido en Oxford, en el sur de Inglaterra, después de gritar “¡¿Quién lo ha elegido?!” durante una proclamación pública de adhesión de Carlos III, mientras que otros dos fueron aprehendidos en Edimburgo, Escocia, por tener un cartel que pedía “abolir la monarquía”.

Casos similares a estos fueron informados en distintos puntos del país, incluso frente al Parlamento británico, donde hasta el lunes el público podrá desfilar frente al féretro de Isabel II para darle su adiós en la llamada capilla ardiente.

“La Policía sugiere que con esos arrestos se evitan problemas bajo la facultad que otorga la Ley de Orden Público, pero esto no les da derecho ni razón para actuar así. Existe un principio fundamental sobre la libertad de expresión que hay que defender”, argumentó Smith.

Esa ley, de 1986, otorga a la Policía poderes para detener a las personas consideradas culpables de causar “acoso, alarma o angustia” mediante “palabras o comportamientos amenazantes o desordenados”, incluyendo la colocación de pancartas.

Otro de los arrestos realizados bajo esta normativa fue la de un joven de 22 años que abucheó al príncipe Andrés, el tercer hijo de Isabel II, cuando caminaba detrás del féretro en la capital escocesa.

El hermano del actual rey se había retirado de la vida pública tras ser demandado por una mujer que lo acusaba de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años, en el marco del caso de tráfico de menores por el que fue condenado el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

Confeso amigo y defensor de su vínculo con Epstein, el príncipe Andrés finalmente no fue a juicio tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con la demandante.

Su reaparición es centro de cuestionamientos, sobre todo porque por ley le corresponde ser uno de los Consejeros de Estado que reemplacen al monarca cuando esté enfermo o fuera del Reino Unido.

“Si le dan ese papel sería una forma de intentar rehabilitarlo en la vida pública, pero hay que esperar y ver. Su reputación es tóxica y les hará mucho daño si intentan avanzar en este camino”, indicó el director de Republic, que según sondeos sigue siendo una minoría en un país que tradicionalmente defiende a su realeza.

De acuerdo a un estudio de la consulta YouGov hecho el 1 de mayo último, un 13% de los encuestados señaló que la monarquía es “mala” para el país, contra un 54% que la consideró “buena”, aunque la brecha entre ambas posturas se achicó desde 2019 cuando era de 10% y 60%, respectivamente.

Desde Republic también apuntaron contra el beneficio impositivo que recibió Carlos III, quien no tendrá que pagar el impuesto a las sucesiones por lo heredado de Isabel II, valuado en unos 750 millones de dólares (el patrimonio total real está cotizado en 17.500 millones de dólares), como sí debe hacerlo cualquier ciudadano.

Gracias a una ley de 1993 diseñada para proteger la fortuna de la familia real, el soberano se evitará abonar la tasa del 40% sobre la fortuna recibida, en momentos en que el país vive una crisis de costo de vida por una inflación récord de 9,9% interanual, según datos de agosto.

Fronteras adentro, quizás uno de los mayores desafíos para el nuevo monarca será contener el crecimiento del republicanismo en Irlanda del Norte, territorio donde el Sinn Féin, brazo político de la extinta guerrilla del Ejército Republicano Irlandés (IRA), llegó a liderar el Gobierno por primera vez en la historia.

En un gesto reconciliador, la fuerza que promueve la reunificación de Irlanda mantuvo un buen primer encuentro con Carlos III, que tras llegar a ser rey emprendió una gira por las cuatro naciones que conforman el Reino Unido (Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra) para aplacar el sentimiento independentista que generó la muerte de Isabel II, símbolo de unidad durante siete décadas.

En Gales, el monarca fue recibido con mayoría de aplausos, pero también unos pocos manifestantes antimonárquicos que lo abuchearon y lucieron pancartas que pedían “Abolición de la monarquía”, “Ciudadano no súbdito” y “Democracia ya”.

Fronteras afuera, Carlos III deberá enfrentar el resquebrajamiento de la Mancomunidad de Naciones (o Commonwealth, en inglés), organización que componen mayoritariamente excolonias británicas que reconocen como cabeza a quien ocupe el trono en Londres.

Tras el fallecimiento de Isabel II, tanto Antigua y Barbuda como Bahamas, ambas naciones del Caribe, anunciaron que planean convocar a un referendo para dejar de tener al monarca británico como jefe de Estado, tal como hizo recientemente Barbados.