Por primera vez en la historia, Argentina ejercerá la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, en representación de América latina y el Caribe.
Se trata del principal órgano de derechos humanos de la organización, que el país ya integró en tres oportunidades. La elección, según explicó Cancillería, y subrayó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue en reconocimiento a las políticas implementadas por la actual gestión.
Sin embargo, la sección local de Amnistía Internacional observó “la política interna de derechos humanos”, en particular la política migratoria, lo concerniente a la interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. “Como país miembro y vicepresidente del Consejo, es fundamental que el Estado mantenga una posición unívoca y coherente tanto a nivel local como internacional en materia de derechos humanos”, advirtió la directora del organismo, Mariela Belski.
La noticia pasó desapercibida más allá de la celebración de Avruj vía Twitter: “Una gran noticia que representa un reconocimiento y un fuerte impulso a la política de derechos humanos que lleva adelante nuestro país, y al rumbo que expresó el presidente @mauriciomacri”, se entusiasmó el funcionario, avalando la lectura oficial del hecho.
El ex vicecanciller Carlos Foradori será quien ocupe la representación regional, cuya selección el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto atribuyó, sin mayores detalles, a la política de la Argentina en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos, entre ellas las relacionadas a las desapariciones forzadas y al derecho a la verdad.
Sin embargo, si se recorre la gestión de Cambiemos en materia de Memoria, Verdad y Justicia el balance es pobre. La disolución de varias unidades destinadas a investigar el rol del Estado y de sus socios civiles en los crímenes de la última dictadura, la renuncia de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos en numerosos juicios de lesa humanidad y la interrupción temporaria, a fines de 2018, de la financiación del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense son algunos de los ejemplos que caracterizan a la actual administración.
AI saludó que el país ejerza la vicepresidencia del principal organismo internacional en materia de derechos humanos, pero al mismo advirtió que le llamaba la atención la manera en que se difundió la noticia: “Hay que mirar con mucha atención la política de derechos humanos interna del Gobierno, cuidadosamente”, explicó Belski en diálogo con este diario. La titular de la agencia nacional de AI, además, consideró “necesario que no se plantee una cosa afuera del país y otra cosa adentro”.
Para el organismo, las problemáticas de seguridad, de los migrantes, de los pueblos originarios, las políticas destinadas a la infancia y la interrupción voluntaria del embarazo son “prioritarias”. A través de un comunicado, emitido en la víspera, AI advirtió el “doble compromiso” que implica el cargo: “Por un lado, supone la cooperación de Argentina con el sistema universal; pero a la vez, refuerza la responsabilidad del Estado de liderar posiciones y recomendaciones del CDH para hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos, y fortalecer su promoción y protección en todo el mundo”.
Más adelante, recordó su preocupación frente a los últimos anuncios del Gobierno nacional en materia de seguridad, especialmente sobre el uso de armas de electrochoque y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, que va “a contramano de las recomendaciones del propio Comité de Derechos del Niño de la ONU”. También alertó sobre el “retroceso en la legislación y la política migratoria” que implica el decreto con el cual la administración de Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones en 2017. Además mencionó las recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de actualizar su sistema jurídico en materia de garantía de los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso al aborto sin riesgos. Por último, señaló como “indispensable” que el país “avance en la regularización de los territorios indígenas” con garantías al derecho a la consulta y al consentimiento libre de parte de dichas comunidades.
“Argentina debe demostrar que está a altura de las circunstancias -agegó Belski-, no solo debe avanzar en la ampliación de derechos, sino, a la vez, abstenerse de implementar medidas regresivas que comprometan la responsabilidad del Estado y empañen su rol en el Consejo”.
ABullentini-P12
