El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que rigió durante gran parte del año en todo el territorio nacional, en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, originó también un marcado descenso de la cifra anual de muertes por siniestros viales en Mar del Plata y Batán.
El descenso de accidentes de tránsito fue marcado, sobre todo entre fines de marzo y mediados de julio, cuando el movimiento vehicular en las calles era escaso. Al llegar el final de 2020, los especialistas en la problemática cuentan con esta estadística: 28 personas murieron en distintos hechos de este tipo, de las cuales 20 eran motociclistas y solamente una conducía un automóvil
A pesar de haber descendido el número de fallecidos respecto de años anteriores, quienes investigan las causas judiciales formadas a partir de cada siniestro de gravedad insisten en que el Estado debe tomar medidas preventivas y represivas tendientes a un descenso aún mayor de la cifra. Es decir, su preocupación persiste porque, entre otras cosas, tienen en claro que la reducción de la cantidad de víctimas fatales se halla estrictamente relacionada a la baja circulación vehicular que existió en los meses los que se respetó el ASPO, y no a una toma de consciencia de los conductores ni a un mayor control del Estado de las irregularidades que se producen en la vía pública.
“En la mayoría de los siniestros viales de 2020 estuvieron presentes la imprudencia en la conducción, el alcohol, el exceso de velocidad y/o la conducción antirreglamentaria (sin licencias habilitantes, sin casco ni seguro)”, remarcó a lacapitalmdp Rodolfo Moure, miembro de la Fiscalía de Delitos Culposos junto a Pablo Cistoldi. Y agregó: “Llama la atención que la mayoría de las personas fallecidas eran quienes conducían motocicletas y eso debe ser una señal de alarma para las autoridades ya que debemos repensar la seguridad vial en base a ello. Antes prevalecían las muertes en las rutas pero desde la construcción de las autovías o autopistas la realidad es otra. El problema lo tenemos dentro de los cascos urbanos y con los vehículos de menor porte”.
En esa línea, los investigadores insisten en que existe la necesidad de reforzar los controles del Estado en aras de prevenir este tipo de siniestros. Y sostienen que es “justamente aquí donde el Estado se equivoca al haber delegado en el poder más débil -el municipal- el control del tránsito dentro de las ciudades”.
Para Moure, la actividad que más muerte causa en las urbes (conducción) ha sido delegada en el poder “que menos recursos cuenta para enfrentar semejante pandemia”. “De ahí la necesidad -como ocurre en otros países- de que el control del tránsito sea retomado por las policías provinciales y nacionales poniendo todos los recursos con los que se disponen”, explicó.
Al respecto, el investigador señaló la eficiencia de los controles durante la pandemia como ejemplo de los resultados que causa el trabajo mancomunado y serio entre los gobiernos, y el alcance de determinados objetivos.
“De nada sirve modificar leyes o sancionar ordenanzas si después existe un Estado ineficiente para controlar su fiel cumplimiento. Parecería ser que sólo respetamos las leyes de tránsito cuando viajamos al exterior; acá no lo hacemos porque sabemos que los controles son ineficientes”, añadió, a la vez que sostuvo que “tal vez muchas de estas muertes de las que estamos hablando hoy se podrían haber evitado”.
Reforma del Código Penal
Vale recordar que Moure y el resto de los integrantes de la fiscalía trabajaron en los últimos años junto a ONG’s de víctimas de siniestros de tránsito para elaborar un proyecto de reforma del Código Penal que ya ingresó al Congreso de la Nación impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el que se propone un endurecimiento de penas y la creación de delitos autónomos de peligro -como la conducción bajo los efectos del alcohol y drogas-, que, según creen, servirían de modo preventivo y también represivo.
También insisten en un rediseño de la circulación urbana pensando en la nueva modalidad de movilización y con un trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipalidad “para volcar todos los recursos humanos y materiales con los que se dispone en aras de realizar controles efectivos y no meramente estadísticos”. “El objetivo es generar cambios en materia legislativa y operativa. Esperemos que el año venidero se logre alguno de ellos”, expresó el fiscal.
Para los especialistas se le debe dar mayor protección jurídica a la vida humana y “ello hoy no sucede” por la ausencia de “legislación seria”. “Hoy se está en deuda con la sociedad en este aspecto. Tenemos un Código Penal desactualizado y con penas desproporcionadas: un ejemplo de ello es que se castiga con prisión de 4 a 10 años a quien se robe una vaca de un campo, pero con prisión de 3 a 6 años a aquel que mate a una persona en un siniestro vial, con todos los agravantes que uno se imagine (alcoholizado, drogado, dándose a la fuga, con exceso de velocidad, etcétera)”, remarcó Moure.
Y concluyó: “Si no logramos optimizar el control del Estado en el cumplimiento de las leyes de tránsito y recuperar el control del espacio público, dificilmente podamos bajar esta triste estadística, recordando que detrás de cada frío número estadístico hay una persona fallecida”.
