La legisladora por Cambiemos ahora es investigada por el supuesto direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones del municipio de Quitilipi. Ya había sido procesada por un caso de lavado de dinero, pero no fue detenida por sus fueros.
La Justicia Federal de Resistencia, Chaco, procesó sin prisión preventiva y le trabó un embargo por un millón de pesos a la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala, por el presunto delito de «fraude en perjuicio de la administración pública». La legisladora ahora es investigada por el supuesto direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció durante dos años desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri.
En la causa anterior, Ayala está procesada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario. El procesamiento había sido confirmado por la Cámara federal, pero no fue detenida por sus fueros como Diputada.
En esta nueva causa, la jueza federal Zunilda Niremperger entendió, a partir de las pruebas recolectadas, declaraciones y testimonios de la causa, que se trató de una contratación «completamente viciada». «Existen sobrados elementos que acreditan el modo irregular en que se habrían afectado los fondos aportados por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación una vez transferidos a la Municipalidad de Quitilipi», argumentó en el auto de procesamiento, según informa Télam.
En este punto, entendió que, si se conjuga la «falta de realización del procedimiento correspondiente para efectuar la contratación, en este caso, una licitación pública», con las «diferencias significativas entre los precios de mercado y los importes efectivamente abonados», y otras pruebas, «no resulta excesivo afirmar que nos encontraríamos ante una contratación completamente viciada».
En este marco, el fiscal federal Patricio Sabadini, quien interviene en la causa, afirmó este jueves en el canal C5N que cuando efectivos de Gendarmería Nacional fueron a constatar qué había en el domicilio en el que figuraba la empresa a la que se le realizaban las compras, se encontraron «con un taller de reparación de aires acondicionados».
Sobre lo que pudo determinar la investigación, el municipio chaqueño adquirió, entre otras, «desmalezadoras y herramientas que en el mercado tenían un costo de 400 mil pesos, por un valor cercano al millón de pesos, es decir de más del doble», según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal.
Además de la Ayala, también fueron procesados, en todos los casos sin prisión preventiva, sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva, Miguel Ángel Vilte y el empresario Claudio Tolosa.
Ayala fue intendenta de Resistencia de 2003 a 2015. Con Mauricio Macri como presidente fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. En 2017 fue electa diputada nacional por Chaco, cuando compitió por el radicalismo dentro del marco de Cambiemos. El pedido de desafuero, solicitado por la Justicia en el marco de este expediente, todavía no llegó a ser tratado en al Cámara baja.
