El miércoles fue el juez Sebastián Casanello quién rechazó enviar a la Justicia electoral de La Plata la causa de los aportes de campaña de Cambiemos.
Ayer, la fiscal Ana Russo acaba de dictaminar en contra del pedido de inhibitoria planteado por el juez federal platense Adolfo Ziulu, que subroga la competencia electoral. Quién debe resolver ahora es el magistrado platense, Ernesto Kreplak. Aunque todo indica que, en ambos casos, seguirán adelante con investigaciones paralelas.
Sucede que el 1 de agosto, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, llamativamente, dispuso que la investigación por los aportes irregulares en las campañas del 2015 y 2017 de Cambiemos debía llevarse a cabo en el fuero civil. En ese contexto, los abogados del pro realizaron ese reclamo en los fueros federales que tenían denuncias y estaban trabajando sobre el tema.
Incluso, sostenidos en este pedido, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en cada nota en la que se la consultó, se desligó de trabajar sobre el tema debido a la resolución de Casal indicaba que su cartera no tiene competencia al respecto. Pero la fiscal Russo y el juez Casanello entienden que no es así y que deben continuar con sus investigaciones para descubrir si existió delito o no.
En su dictamen, Russo sostiene que “en el expediente principal se investigan diversos tipos de falsedades, afiliaciones falsas, testimonios de numerosos ciudadanos que figuran como aportantes de la campaña electoral que aseveran no haber realizado ningún tipo de aporte, además de tratarse -en buen número – de beneficiarios de planes sociales” y que por ello eso podría “resultar respecto a la determinación del origen de dichos fondos”. Y que por eso, agrega: “Esas conductas exceden el marco de competencia electoral, para dar lugar a delitos tipificados en el Código Penal, amén que, luego de concluido el procedimiento que prevé a la ley 26.215, aparezcan nuevos ilícitos de tipo penal”.
Ahora queda esperar qué resuelve el magistrado platense, Kreplak, quien partió de una denuncia de la senadora bonaerense Teresa García (Unidad Ciudadana) para empezar a investigar una base de 27 denuncias.
Y a mediados de agosto, comenzó a escuchar a damnificados de toda la provincia: 13 querellantes de Quilmes, tres denunciantes de Mar del Plata APORTADOS POR el portal MDPya, un ex candidato de Bahía Blanca y hasta un funcionario judicial de Lomas de Zamora.
